A instancia de una compleja investigación llevada adelante por más de un año por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, imputó y dictó la prisión preventiva de seis personas acusadas de integrar una organización narcocriminal, quienes fueron detenidos el 30 de abril pasado en Tucumán.
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A instancia de una compleja investigación llevada adelante por más de un año por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, imputó y dictó la prisión preventiva de seis personas acusadas de integrar una organización narcocriminal, quienes fueron detenidos el 30 de abril pasado en Tucumán.
En la audiencia, celebrada el viernes pasado, los acusados Ismael Damián Humberto Ballester, Juan Carlos Miranda, Agostina Miranda, Daniel Alejandro Vaca, Carlos Alberto Tanda y Gabriel Toledo quedaron imputados por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por confabulación.
Eran organizadores
La fiscalía agravó la acusación por el carácter de “organizadores” que ejercían sobre los demás respecto de Juan Carlos Miranda, empleado municipal de Orán, y de Ballester, quien registra antecedentes penales por un robo en banda en la provincia de Jujuy, como también por homicidio en ocasión de robo, en Tucumán.
A partir de la exposición de la fiscalía, que contó también con la participación de la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi y del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, la jueza hizo lugar al pedido de prisión preventiva de todos los imputados y autorizó una serie de peritajes pendientes, entre ellas estudios técnicos sobre varios celulares que fueron secuestrados.
La investigación se inició el 18 de abril del año pasado, en función de un informe remitido por la Unidad de Reunión de Información de Jujuy de la Gendarmería Nacional.
Gamba Cremaschi y Viltes Monier sostuvieron que la organización se dedicaba a la adquisición de estupefacientes en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en la ciudad de Orán, para luego emprender el traslado de la droga bajo una modalidad singular.
La fiscalía fundó la imputación y requirió la prisión preventiva de los acusados, dados los riesgos procesales latentes de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los elementos sumó varias inconsistencias migratorias registradas por los acusados al salir del país rumbo a Bolivia.
El y la representante del MPF relataron que para ello los organizadores disponían de vehículos, tanto para el transporte de la carga como para que vigilen las rutas de posibles controles, y de dos a tres personas más, quienes cumplían el rol de “caminantes”, cuya función consistía en descender con la carga, previo a cada control que era detectado por los “coches punteros”.
Añadieron que, con la droga en mochilas o bolsos, los “caminantes” rodeaban los puestos de requisa de las distintas fuerzas de seguridad, mientras el vehículo se sometía al control respectivo. Posteriormente, volvían a abordarlo. Explicaron que, en cantidades superiores a 100 kilos, la droga era trasladada de esta manera desde la frontera hasta la provincia de Tucumán.
Precisaron que la detención de los acusados se produjo el 30 de abril, cuando todos se reunieron en una estación de servicio en la localidad tucumana de Trancas, en el límite con Salta.
Monitoreo
La fiscalía explicó que ese día la PROCUNAR NOA tenía bajo seguimiento a los acusados, dado que estaba en proceso el transporte de una carga de 100 kilos de cocaína. Pero indicó que la operación fue abandonada por los integrantes de la organización, luego de advertir que eran vigilados por personal de la Gendarmería Nacional.
El auxiliar fiscal sostuvo que los movimientos de los principales acusados eran monitoreados a partir de intervenciones telefónicas, de las cuales surgió una alerta realizada por una mujer, familiar de uno de ellos, quien le dijo que debían deshacerse de la droga. Añadió que el estupefaciente fue abandonado en una finca de la zona, sin que hasta ahora se haya encontrado.
Relató que, luego, los integrantes de la organización se reunieron en la estación de servicio. Describió que Juan Carlos Miranda llegó allí al volante de un auto Chevrolet Aveo, en el que también iban como acompañantes Agostina Miranda, Ballester, Tanda y Toledo, mientras que Vaca lo hizo a bordo de un Fiat Cronos.
El auxiliar fiscal explicó que, un día antes, el 29 de abril, los acusados habían comenzado a moverse en torno al transporte que fue finalmente frustrado. En ese sentido, la fiscalía reveló una conversación entre Miranda y su pareja, quien es buscada intensamente. En el diálogo, el acusado le dijo en lenguaje encriptado: “Aquí vine a marcar”. La mujer le contestó: “Recién estamos por salir porque todavía están poniendo a orillas del río”.
“Ñano, descargá rápido, que ahí pasó la Federal; fueron a dar la vuelta. Descargá y volá de ahí”, le advirtió uno de los organizadores a quien supuestamente llevaba el cargamento de droga. El estupefaciente no fue hallado al momento de la detención de la banda.
"Marcar"
Sobre esta comunicación, el auxiliar fiscal aclaró que la referencia a “marcar” tiene que ver con el rol de vigilancia sobre la ruta, a fin de limpiar el camino del rodado que transporta la carga. Indicó que ello se confirmó con otra comunicación en la que Miranda expresó que iba “a estar barriendo” la ruta, en alusión a identificar posibles controles de seguridad.
El representante del MPF sostuvo que, producto del monitoreo, se conocieron varios diálogos entre los acusados, que confirmaron que la operación de tráfico estaba en proceso. En efecto, describió que a partir de ello se conoció que los imputados se habían alojado en un hotel de la ciudad de Metán, al sur de Salta, y que en comunicaciones detectadas el 30 de abril los ocupantes de ambos rodados reportaban entre sí sus movimientos.
Puntualizó que, en ese tramo, surgió una comunicación reveladora de Miranda con Vaca, quien -de acuerdo con la investigación- llevaba la droga en el Fiat Cronos. “Ñano, descargá rápido, que ahí pasó la Federal; fueron a dar la vuelta. Descargá y volá de ahí”, le advirtió a su cómplice.
Posteriormente, todas y todos los implicados se encontraron en la estación de servicio, donde fueron detenidos, instancia en la que se detectó que todos los ocupantes que Miranda llevaba en su auto tenían los calzados con barro. “Esto evidencia la modalidad de tráfico descripta”, sostuvo el fiscal.
“Perdimos como la guerra”
En el final, la fiscalía expuso el contenido de una comunicación realizada por la pareja de Miranda con otro implicado, quien aún no fue detenido. “Hemos perdido como la guerra; ya se llevaron a Agus [Agostina Miranda], a Maxi, a jujeño, a ‘Grandote’ [Vaca]. Todos detenidos en Tranca”, dijo, y luego agregó: “Nosotros hemos escapado”. Agregó que a todos ellos “no los pillaron con nada”.
Con estas evidencias, la fiscalía fundó la imputación y requirió la prisión preventiva de los acusados, dados los riesgos procesales latentes, como el de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Valoró al respecto varias inconsistencias migratorias registradas por los acusados al salir del país rumbo a Bolivia.
La fiscalía resaltó la peligrosidad de Ballester. En tal sentido, sostuvo que registra en sus antecedentes dos pedidos de juicio: uno, en el fuero penal de Jujuy por robo calificado, en despoblado y en banda, por dos hechos ocurridos en 2014 en la localidad de Yuto; y, otro, por el Juzgado de Instrucción N°2 de Tucumán, como partícipe de un asalto ocurrido el 24 de marzo de 2016 en un puesto tambero en la localidad de Choromoro, donde un grupo de ladrones irrumpió a los tiros y mató a un trabajador rural, Oscar Marcelo Gallardo, de 65 años, de cuatro balazos.
Una de las defensas se opuso al pedido de prisión preventiva y sus argumentos fueron rebatidos por el fiscal general.
La jueza Giménez finalmente dictó la prisión preventiva, fundada en los antecedentes de la organización y, entre otros aspectos, la falta de arraigo de los acusados. La magistrada coincidió con la fiscalía en cuanto a la peligrosidad de las personas detenidas y calificó el hecho imputado como de extrema gravedad. Indicó que existe “mucho material incriminatorio en su contra” y destacó que las “inconsistencias migratorias” son muy importantes a la hora de valorar la conducta procesal de los acusados.