La defensa de Carlos Villalba, el exintendente de Profesor Salvador Mazza, pedirá su sobreseimiento en la causa en la que está imputado por el presunto delito de trata de personas.
Así lo informó ayer su abogado, Gabriel Calvo Moscoso, en una entrevista que dio a radio Aries, en la que también aseguró que su defendido "siempre se presentó en la Justicia", aunque en los hechos esquivó las cinco citaciones a prestar declaración indagatoria que le hizo en tres años el juez federal Miguel Medina.
En la madrugada del 15 de agosto de 2013, el exjefe comunal fue protagonista de un escándalo que en pocas horas tuvo alcance nacional, cuando la Policía Federal y la AFIP lo encontraron en un allanamiento a un prostíbulo de la ciudad de Salta durante un operativo en el marco de lucha contra la trata de personas.
Allí fue demorado en una habitación, donde estaba junto a una mujer de nombre Marisel, que alquilaba la casa ubicada en la esquina de Ituzaingó y Escuadrón de los Gauchos, en villa San Antonio.
En otra habitación había otras dos mujeres jóvenes, aparentemente esperando la llegada de clientes.
Eran cerca de las 2.30 cuando irrumpió la policía en la vivienda. Apenas fue detenido, Villalba no pudo justificar su presencia allí. Horas después, un poco más repuesto, dijo que el lugar era "una casa, creo que no es un prostíbulo", y que era "amigo" de Marisel, quien estaba sospechada de ser socia de Mark Antony, propietario del cabaret "El Señor de la Noche", en Calama, Chile.
Su coartada tuvo poca vida esa noche: dos horas después llegó a la casa una jovencita de 20 años que descendió de un auto Honda.
Aunque el entonces intendente de Salvador Mazza solo permaneció demorado unas cinco horas, el escándalo que se desató derivó a los pocos días en su destitución del cargo.

Un esquivo de la Justicia

En realidad la causa que hoy tiene imputado a Villalba se había iniciado el 29 de mayo de 2013, cuando efectivos de la delegación salteña de la Policía Federal tomaron conocimiento de que en la provincia funcionaría una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta red tendría conexiones con Jujuy y Chile.
Luego de varios meses de investigar y coordinar el golpe a la organización entre la Fiscalía Federal N´ 2, el Juzgado Federal N´ 2 de Salta y la Policía Federal, la madrugada del 15 de agosto de 2013 se hicieron en total seis allanamientos, en los que fueron rescatadas 70 mujeres, entre ellas varias menores.
El caso quedó en manos del juez federal N´ 2, Miguel Medina, quien en reiteradas ocasiones citó a declarar a Villalba. Sin embargo, el destituido intendente fue esquivo a hablar con el magistrado.
De hecho, al menos cinco veces el juez Medina lo mandó a llamar, pero sus abogados lograron suspender las audiencias en todas las fechas: el 9 de septiembre de 2013, el 22 de noviembre de ese año, el 23 de julio de 2014, el 10 de marzo de 2015 y el 2 de marzo de este año. Después de la quinta citación el fiscal federal Eduardo Villalba había solicitado al juez la detención de Villalba, medida que no se cumplió.

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