A casi siete años de la reestatización del servicio de agua potable en Salta, el Gobierno provincial sigue admitiendo que existen "incidencias estructurales". De ese modo, por tercer año consecutivo, se extiende el programa "Control de derroche y uso racional del agua potable", entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.
Este programa, identificado con ese eufemismo, apunta a limitar el suministro, como claramente lo establecen las resoluciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp).
En algunos barrios, con días de altas temperatura, la escasez de ese recurso causa desesperación entre los vecinos. En Sanidad, San Rafael, Jesús María, San Benito, San Silvestre y Roberto Romero, solo por citar unos casos de la capital salteña, se padecen las graves deficiencias y la baja inversión de la prestataria.
Aguas del Norte fundamentó la aplicación de la limitación al servicio "en la existencia de incidencias estructurales que presenta el servicio de agua potable a la fecha en el ámbito de toda la provincia". Así lo hizo constar el Enresp en la resolución 1.014/15 que se publicó en el Boletín Oficial de Salta esta semana.
A ese mismo argumento se recurrió en años anteriores para solicitar la aplicación del programa de Control de Derroche en el servicio.
La Compañía estatal de Agua y Saneamiento (Cosaysa), que tiene la concesión desde mayo de 2009 tras la salida de Aguas de Salta, ingresó el expediente al Enresp el 3 de diciembre.
Esta vez, según consta en los documentos públicos, "la ampliación solicitada debe abarcar la totalidad de los sistemas de abastecimiento y no solo aquellos que presenten incidencias".
Primeras limitaciones
De entrada, los salteños no podrán regar jardines o calles, llenar piletas, lavar veredas, automóviles o realizar cualquier otro uso abusivo del agua. Esa restricción, que incluye sanciones con multas, es incuestionable sobre todo cuando hay miles de familia sin acceder al recurso. No obstante, que el Gobierno recurra a estas decisiones desde hace años deja en evidencia que la inversión volcada en infraestructura no fue acorde a las necesidades y la demanda de los salteños.
Ayer, familias del barrio El Mirador esperaban cargar sus tachos con la llegada de los camiones cisternas. Allí aún sueñan con abrir el grifo y que el agua caiga con presión normal para lavar los alimentos y bañarse.
En diciembre de 2014, el Gobierno anunció una inversión de 650 millones sin fondos genuinos y a través de un nuevo endeudamiento.
El plan, a cuatro años, tiene obras de agua y saneamiento en distintos municipios. No obstante, el Gobierno no demuestra urgencia y solo se licitaron trabajos por los primeros 250 millones de pesos.
Se habían prometido obras en San Lorenzo por $115 millones para la construcción de la onceava colectora máxima, que llegaría hasta la planta depuradora sur. Se habían incluido en el anuncio redes en Atocha, San Rafael, La Ciénaga, La Almudena y Los Pinos, entre otros.
Para la capital salteña se había remarcado una inversión de $40 millones en los barrios Floresta, Constitución, Velata, Manjón y Portal de Gemes, con obras que incluían una batería de pozos, sistema de impulsión, sistema de reserva y redes de distribución.
El Gobierno aún debe volcar los otros 400 millones, pero al parecer todo será lento.
Para 2019
Según datos oficiales, el 94% de los hogares tenía cobertura de abastecimiento en 2007 y en 2014 el nivel llegó al 96%. Recién para de 2019, se estima que todos los salteños tendrán acceso a ese derecho humano.
En la actualidad, las conexiones alcanzan a muchos barrios y localidades del interior, pero la falta de presión y los cortes constantes que se hacen siembran disconformidad.
"El déficit en la producción de agua potable y las consecuentes situaciones críticas en la prestación del servicio" también se reflejan en la información diaria que suministra la prestaría, sostiene el Enresp en su dictamen.

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