La Municipalidad atraviesa días complicados en cuanto a la relación con sus trabajadores. A la protesta de los empleados de la Subsecretaría de Tránsito, que incluye cuatro manifestantes en huelga de hambre, se sumó ayer la movilización de seis gremios en disconformidad con el acuerdo paritario firmado esta semana.
Según argumentaron los representantes sindicales, el aumento otorgado por el municipio es escaso, no remunerativo y desconoce ciertos compromisos que el intendente Gustavo Sáenz había contraído a principios de año, cuando se llevó a cabo el primer tramo de la negociación.
Principalmente, se trata del blanqueo de ciertos ítems sumados desde 2011, la cesión de bonificaciones y la recategorización de los trabajadores.
El acta acuerdo firmada el miércoles último, a la que solo suscribieron tres gremios, en términos porcentuales iguala la oferta que el Gobierno provincial abrochó con sus trabajadores, un 6%.
Los sindicatos que aceptaron la propuesta, conforme a los dichos de los que la rechazaron, fueron UTM (Unión de Trabajadores Municipales), el gremio de jerárquicos y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
Si bien todos los sindicatos participaron de la mesa paritaria, aunque con reuniones particulares, fueron seis los que no firmaron el acta y ayer optaron por interrumpir el tráfico en avenida Paraguay, en la puerta del Centro Cívico Municipal (CCM), a los fines de visibilizar su repudio a lo ofrecido por el Ejecutivo comunal.
ATMPS, Simusa, Soem, Aoema, Ademus y APOC son los sindicatos que se movilizaron ayer y que continuarán hoy con asambleas en las distintas reparticiones del municipio. De no alcanzarse una respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno municipal y cosechar adeptos en las asambleas de mañana, se convocaría a una fuerte movilización para el lunes próximo.

Igual a la Provincia

El intendente Gustavo Sáenz ha defendido la oferta realizada fundamentando que iguala a la que dispensó la Provincia, como se acostumbra desde hace años.
Ante ello, los gremialistas que se movilizaron ayer reconocieron que el jefe comunal no miente sobre la antigedad de esa práctica, pero afirmaron que, de todos modos, no es que el aumento vaya a ser idéntico al que recibirán los trabajadores provinciales.
Plantearon una operación matemática simple: un empleado de la Provincia cobra como básico, en el peor de los casos, 9 mil pesos, mientras que un municipal está en los 5 mil. Entonces, apuntaron, el 6% es mucho menor en el segundo caso y avanza en el distanciamiento entre las condiciones de los trabajadores de una y otra administración -la provincial y la municipal.
Además, los gremialistas aseguraron que Sáenz se había comprometido a blanquear los conceptos no remunerativos que se sumaron en los acuerdos desde 2011. Dijeron comprender que no se puedan regularizar todos los ítems de una sola vez, pero creen que debe empezar el proceso, al menos con los de menor monto. Esos conceptos los sumó el gobierno anterior, de Miguel Isa, pero la actual gestión se comprometió a principios de año a iniciar la normalización de la situación.
Entre otros puntos, también destacaron la necesidad de recategorizar a algunos trabajadores y aumentar ciertas bonificaciones de sus salarios. APOC en particular, gremio del Tribunal de Cuentas, denunció que hay 15 trabajadores contratados desde hace más de cinco años que en los últimos dos pases a planta de la comuna no fueron tomados en cuenta.
Los referentes gremiales se quejaron también porque, según aseguraron, desde el Poder Ejecutivo "se deslegitimó" el reclamo por medio de declaraciones mediáticas. "Cuando UTM violentó el CCM nos convocaron a todos y nos sumamos al repudio, ahora que planteamos la necesidad de un diálogo verdadero y de recomponer la situación de los compañeros nos amenazan y nos tratan de vagos", expresó César Molina, titular de Ademus.
Los empleados de la Subsecretaría de Tránsito, en tanto, continúan con su manifestación. Ayer no hubo atención en las oficinas de calle Santa Fe. Los manifestantes montaron un gazebo y se mantuvieron en las inmediaciones de la dependencia para mantener vivo su reclamo.
El Tribuno intentó dialogar sobre la situación con el secretario de Gobierno, Luis María García Salado, pero fue imposible mantener una comunicación hasta el cierre de esta edición.
Los autoconvocados, quienes rechazaron la posibilidad de recibir apoyo de los gremios, reconocieron que las horas adeudadas de junio ya fueron canceladas, pero aseguraron que "es imposible trabajar en estas condiciones", y que "no se puede ni usar el baño en las oficinas".

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