La crisis financiera de los municipios fue caldeando los ánimos, pero la designación de Carlos Parodi como jefe de los ministros y reemplazante de hecho del gobernador hizo estallar el malhumor de los intendentes.
La noticia de que la provincia recibiría más de 2000 millones de pesos en 2016 por la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias y el reclamo de una deuda de 8.000 millones acumulada por el gobierno de Cristina Kirchner alentó a los jefes comunales a reflotar reclamos.
Hoy a las 10,30, convocados por el futuro jefe del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, entrevistarán al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy. Participarán los que llegan, los que se van y los que quedan.
El primer planteo se refiere a una promesa incumplida del gobernador Juan Manuel Urtubey. En setiembre, el mandatario había prometido a Cuenca, Esteban Ivetich (Chicoana), Gustavo Dantur (Río Piedras), Daniel Segura (Güemes) y Fernando Romeri (Metán), la restitución del punto y medio que separa el 13,5% de coparticipación que hoy perciben del 15% que estipula la ley vigente.
Un mes y medio después, Parodi les respondió que la promesa "no tiene fecha y hay que analizar los números".
Pero el reclamo de fondo es una revisión de la distribución de recursos. El planteo, por si solo, muestra el fracaso de la "descentralización" de fondos, la gran pancarta de campaña de Urtubey pero que dejó a los municipios sin recursos, sin posibilidad de sostenerse con recaudación local debido a la recesión, la paralización agropecuaria, la sequía y las declaraciones de emergencia.
Los intendentes están convencidos que "el centralismo salteño es mucho más profundo que el porteño".
Tartagal, la segunda ciudad de la provincia, tiene un presupuesto de 245 millones de pesos para 2016. Equivale al 0,78% de los 31.300 millones proyectados para la provincia.
Los recursos provinciales crecerán el 35% en 2016, y los municipales apenas el 22,7%.
De hecho, el presupuesto redactado por Parodi contiene un ajuste implícito: la coparticipación municipal no llega al 10% del presupuesto, y además, la exportación de soja cayó el 28 % con respecto a 2014, lo que afecta directamente al fondo solidario.
Como agravante, el gobierno estima recaudar un 40% más por los impuestos a las actividades económicas, sellos, inmobiliario rural y otros tributos: esos campos están en territorios municipales.
La situación límite, sin embargo, la plantea un hecho político: los intendentes ven con mucho más poder a Parodi, un ministro a quien asocian con sus desventuras financieras.

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