Juan Solá Alsina es junto a Matías Adet, unos de los representantes legales de Dino Salas.
"Entendemos que el Renatea puede hacer las denuncias que correspondan luego de una inspección in situ. Lo que no podemos compartir es que se hagan valoraciones jurídicas, porque la evaluación jurídica la hará eventualmente el juez de la causa cuando tenga todos los elementos y pruebas acabadas reunidas", expresó.
Sobre las valoraciones dijo: "La valoración que hacen es que se estaría frente al delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Hacen una valoración con pocas pruebas y testimonios anónimos, pero no aportan ningún tipo de pruebas contundentes, por lo que creo que esa valoración tiene que hacerla un juez con todas las pruebas a mano. No obstante, en este caso el juez de Instrucción hizo una valoración apresurada de las pruebas al haber detenido a Dino Salas. Creemos que debería haber hecho una investigación más profunda, habida cuenta de todas las herramientas que tiene un juez con la firme finalidad de llegar a la averiguación de la verdad. Entendemos que antes de haber tomado esa determinación debió explayarse un poco más, porque en el expediente no vemos ninguna prueba de cargos que pueda complicar a Salas. Solo vemos aparentes dichos de miembros de la comunidad que expresan disconformidad", afirmó.
"El juez ordena la detención, porque de las averiguaciones él estima que Salas es el encargado de la finca, pero eso no es cierto, porque Salas es solo un empleado más. Habría que preguntarle al juez porque, si existe supuestamente la explotación en la finca, quedó detenido un mero empleado. Por eso entendemos que es una detención infundada basada en solo dichos", dijo el letrado.
"En estos días estamos presentando un pedido formal de falta de mérito, porque no hay pruebas que lo indiquen como autor del delito", terminó.

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