Finalmente se hizo ayer la reunión para tratar el tema de la inseguridad en el departamento San Martín, luego de que la Municipalidad convocara a representantes de diferentes entidades a un debate multisectorial en las instalaciones del hotel Pórtico Norte. La idea era abordar la problemática que más preocupa a los vecinos y a las autoridades de las ciudades del departamento, y que tiene que ver con hechos delictivos que se han vuelto más recurrentes en las últimas semanas.
Todos se hicieron presentes ayer en una gran mesa redonda, pero al parecer olvidaron invitar a protagonistas ineludibles de la vida en el norte provincial: los aborígenes.
Entonces, los "convidados de piedra" se hicieron presentes para manifestar su desacuerdo con la no invitación a esta reunión clave también para ellos; y para pedir un espacio a fin de dejar sentadas sus inquietudes y necesidades con respecto a la inseguridad.
El grupo de aborígenes que reside a un costado de la ruta nacional 86, al este de Tartagal, llegó pacíficamente por las calles de la ciudad hasta las puertas del hotel Pórtico Norte donde funcionarios, intendentes, jueces y legisladores mantenían la reunión.
Encabezados por Antonio Cabana, Ángel Suárez y otros dirigentes de esas comunidades, pidieron ser escuchados por los funcionarios "porque acá se hizo una reunión pero a las comunidades aborígenes no nos han invitado. Somos aborígenes pero también somos ciudadanos y quienes más estamos sufriendo el tema inseguridad", dijeron.
Ángel Suarez remarcó: "Lo que más nos preocupa es la venta de drogas y de alcohol entre nuestros jóvenes. Los chicos de los pueblos originarios son víctimas y hasta pierden sus vidas por esta situación". Portando algunas pancartas, los aborígenes exigieron: "Que se cierren los lugares donde se les vende alcohol a los jóvenes y que se tomen medidas duras con los que venden drogas".

Todos los invitados

La reunión se inició a las 9.30 de ayer y fueron invitados a participar y exponer, el ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver; la ministra de derechos humanos, Pamela Calleti, jueces, camaristas y funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Norte, Tartagal; los intendentes de General Mosconi y Aguaray: Isidro Ruarte y Alfredo Darouiche; concejales de las tres localidades, sacerdotes y pastores evangélicos (algunos de los cuales trabajan con jóvenes con problemas de adicción); directores y supervisores de escuelas de la zona; propietarios y responsables de diferentes medios; y representantes de las fuerzas de seguridad: Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional. Sólo faltaban ellos: los aborígenes.

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