Lo único que prospera en la frontera norte de Salta es el narcotráfico. Disposiciones aduaneras y fiscales terminaron por quebrar la frágil cadena comercial entre Salvador Mazza y San José de Pocitos (Bolivia) y dejaron a la deriva a cerca de dos mil pobladores de ambas localidades, que ahora son tentados por las organizaciones criminales para el transporte de droga.
Las bandas delictivas encontraron, también, mano de obra en las comunidades indígenas del Chaco salteño, donde confluyen los límites de Paraguay, Bolivia y Argentina. Fuentes federales y testimonios de vecinos del lugar dan cuenta que en los últimos meses se incrementó el tráfico hormiga de cocaína y marihuana por las incontables picadas que atraviesan esa franja fronteriza.
Además de trasladar droga, los originarios son captados para alertar sobre operativos de Gendarmería y almacenar los estupefacientes hasta que se relajan los controles y las cargas puedan seguir su curso.
"Las fuerzas de seguridad no se meten con los aborígenes; por eso los narcos los eligen", sostuvo un poblador chaqueño en una recorrida que hizo El Tribuno por la zona.
Decadencia
La principal fuente laboral de Salvador Mazza era la carga y descarga de camiones y el traspaso de mercaderías por el puente internacional de la localidad. Desde diciembre pasado, esa actividad cayó en un 60%, según registros de Rentas del municipio fronterizo.
La operación para pasar la carga de un camión con harina por la frontera, por caso, requiere de unas 40 personas. Con trabajo a pleno, cada pasador se lleva entre 600 y 800 pesos por día.
"Tenemos dos opciones de trabajo: el traspaso de mercaderías o el tráfico de drogas", dijo un pasador a este diario y esa es una verdad de Perogrullo en la comuna norteña.
La complejidad del comercio trasnacional llevó a que en Salvador Mazza se conformen 14 cámaras de comercio que agrupan a 253 empresarios.
La AFIP dispone límites a esos comerciantes salteños para exportar harina, azúcar, aceite, arroz y maíz, que son los productos con mayor demanda desde Bolivia. Por mes, el organismo sortea cupos entre los mayoristas con la cantidad de mercadería habilitada para trasladar al vecino país.
300 despedidos es la cantidad de trabajadores que dejaron cesantes los comerciantes de Salvador Mazza desde comienzo de año. Quedan 400 empleados en la actividad.
Además de acotar la actividad comercial, ese sistema dio lugar al contrabando a gran escala de los productos cupificados. También hubo favoritismos, como los que tenían 14 comerciantes que contaban con amparos del exjuez Raúl Reynoso (acusado de favorecer a narcotraficantes), quien los habilitaba a exportar sin restricciones.
Golpe de gracia
La eliminación de las restricciones a las importaciones, dispuesta por el Gobierno nacional a fines de diciembre pasado, deprimió el comercio de la frontera. Los intercambios de mercancías que antes estaban a cargo de los empresarios de la zona quedaron en mano de las principales exportadoras e importadoras de Argentina y Bolivia.
La medida dejó a la Municipalidad de Salvador Mazza sin poder cobrar la tasa de actividades varias y el impuesto a las actividades económicas que imponía a los camioneros en el puesto de control fiscal ubicado en el río Caraparí.
Los bagayeros, en tanto, ahora ven pasar los camiones con las cargas que antes tenían que trasladar con sus carros de un país a otro.
"La drástica merma de nuestros ingresos es vilmente aprovechada por las bandas de narcos, que sacan réditos con sus negocios de muerte", señaló un referente de la Asociación de Bagayeros del Gran Chaco.

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