Un grupo de madres de la localidad de Alto La Sierra denunció públicamente que ocho de sus hijos estuvieron más de tres meses presos por un delito inexistente, documentado por un médico boliviano sin licencia que prestaba servicios en el hospital de Alto La Sierra, en el Chaco salteño, donde no hay médicos argentinos y en el que el director del hospital tampoco lo es, sino bioquímico de profesión.
En esta irregular situación se produjo la acusación que fue desmentida por el médico forense del hospital Juan Domingo Perón, que envió a la fiscalía un detallado informe donde pone en conocimiento de la Justicia que la menor supuestamente abusada no presentaba ninguna lesión compatible con delitos sexuales.
Sin embargo, este informe forense no fue tenido en cuenta hasta hace unos pocos días cuando tomó estado público obligando a la Justicia a liberar a todos los inculpados y a mostrar a la sociedad que en Argentina curan médicos sin licencia, en ausencia del Estado.

Historia

"No tendré contemplación; los sospechosos están bajo la lupa y si son hallados culpables, les caerá todo el peso de la ley". Estas fueron algunas de las expresiones vertidas en El Tribuno el pasado 9 de diciembre por el fiscal penal Armando Cazón cuando intervino en un supuesto caso de abuso sexual en perjuicio de una niña aborigen de 12 años.
Luego de la denuncia formalizada el 28 de noviembre de 2015, la Policía detuvo a tres de los sospechosos y horas más tarde a los otros cinco restantes. Según le relató el agente fiscal a El Tribuno, "dos chicas que la escucharon gritar (a la supuesta víctima) se acercaron y trataron de impedir la vejación pero los atacantes les gritaron: "Salgan ya de acá, no molesten''".
La chica después del supuesto ataque fue asistida en el hospital de Alto La Sierra donde el director le extendió un certificado en el que constaba que la chica presentaba signos compatibles con un abuso sexual con acceso carnal.

La violación nunca se produjo

El 3 de diciembre de 2015 la menor fue revisada por el médico legal de la Policía en Tartagal. El doctor Carlos Flores determinó que la chica no presentaba signos de haber sido abusada ni lesiones compatibles con una violación. El certificado le fue entregado al agente fiscal pero, por motivos que deberán ser materia de investigación, no fue incorporado al expediente.
Los defensores de los chicos acusados se dieron con una situación insólita: el certificado donde constaba la violación no había sido elaborado por el director del hospital de Alto La Sierra, a pesar de tener su sello y su firma. Cuando fue citado a sede judicial Carlos Bustamante, de profesión bioquímico y a cargo de la dirección de ese hospital, declaró que en realidad nunca hizo el certificado; "le presté al sello a un médico boliviano de apellido Mamaní que atiende en el hospital, pero como no tiene matrícula no puede firmar ni utilizar su sello", manifestó .
El bioquímico, para justificarse, dijo que "los aborígenes amenazaban con quemar el hospital, por eso se vio obligado a dar ese certificado".

Para ellos, médicos sin licencia

Emiliana tiene una beba de 3 meses y recordó: "Durante los últimos meses de embarazo anduve en la policía, en el Juzgado, con la panza a cuestas porque sabía que mis sobrinos eran inocentes. Muchas veces quisimos hablar con el fiscal Cazón pero nos mandaba al secretario. Cuando nos enteramos que desde el 3 de diciembre tenía el certificado donde constaba que la chica aborigen nunca había sido abusada no lo podíamos creer. Los muchachos, incluidos los tres menores pasaron Navidad y Año Nuevo presos cuando las pruebas hablaban ya que no habían cometido ningún delito".
Eugenia Salvatierra es mamá de uno de los mayores y dijo que "en dos oportunidades otros presos los quisieron atacar por la espalda a nuestros hijos". Eugenia agregó que "la chica que denunció tampoco se presentó. Los supuestos testigos tampoco, simplemente porque el hecho nunca existió". La mamá de uno de los menores señaló: "Juntamos los pocos pesos que pudimos para pagar un abogado que los defiendan porque son inocentes".

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Sección Editorial

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Álvaro Figueroa
Álvaro Figueroa · Hace 8 meses

Una vergüenza.

Shadowman Meanmachine
Shadowman Meanmachine · Hace 8 meses

Y LOS DERECHOS HUMANOS? PARA DEFENDER LACRAS SI, PERO VELAR POR ESTOS JÓVENES YA NO ESTÁN, SI SON UNA ORGANIZACIÓN QUE ESTA. PARA DEFENDER DELINCUENTES NOMÁS


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