La accesibilidad es uno de los ocho principios generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de la que la Argentina es parte. Su artículo 9 está referido a la accesibilidad: "A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (...)".
"Estas medidas -continúa el documento-, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; a servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia".
El artículo 21 del capítulo IV de la ley nacional 24.314 de Accesibilidad al Medio Físico para Personas con Movilidad Reducida dice que los "edificios de uso público deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y, en particular, la existencia de servicios sanitarios adaptados".
En Salta esta ley ha sido incorporada, tras largas luchas, al Código de Edificación, pero no logró adhesión con la Cámara de Diputados, para trabajar con ella en toda la provincia.
"Esperamos que este año, en el que se ha creado la Dirección de Accesibilidad, empecemos a concretar la accesibilidad en nuestra ciudad y se controle su aplicación según las normativas vigentes", manifestó la arquitecta Alejandra María Ibáñez.
"Todas las rampas que se hacen en la ciudad no cumplen la normativa de la ley en cuanto a pendientes, anchos, barandas, espacios de giros, etc. Están puestas como al azar. Las cosas, cuando se hacen bien de entrada, no cuestan. Cuando hay que modificarlas, son caras. El problema es la falta de conocimiento", sentenció.

Un bien para el 100 % de la población

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Muchas personas no pueden trasladarse por la ciudad sin problemas. Andrés Mansilla
Muchas personas no pueden trasladarse por la ciudad sin problemas. Andrés Mansilla
La accesibilidad contempla tercera edad, embarazadas, personas que llevan cochecitos o bultos, gordos, flacos, altos y bajos, con todas las diferencias que tiene una sociedad. El fin es que todas estas personas se desplacen en forma autónoma.
"La accesibilidad es un bien para el 100 % de la población, en forma inclusiva. Las más favorecidas son las personas con discapacidad que, en el país, están en el orden de un 14%", relató la arquitecta Alejandra María Ibáñez en diálogo con El Tribuno.
La especialista explicó que la accesibilidad es una cadena de valores de cuatro eslabones que no deben cortarse, porque se pierde la autonomía del desplazamiento.
El primer eslabón se da en la accesibilidad arquitectónica, desde el momento de salir de la casa; el segundo, el urbanístico; el tercero, el transporte, y el cuarto, que tiene que estar en todos lados, es la comunicación. "Con señales, cartelería, pictogramas, pisos táctiles, etc., podemos saber a dónde vamos", explicó.
"Si se rompe una de estas cadenas, se pierde la autonomía", sentenció.
"Para una persona en silla de ruedas es imposible ir a la Balcarce, ya que no se cuenta con baños ni rampas accesibles. No podemos hablar de inclusión si encontramos lugares de esparcimiento, educativos, que no están preparados para albergar a todas las personas en igualdad de condiciones, sea cual sea su situación", señaló.

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