"Achicamiento de un programa nacional y comenzaron los despidos". Así lo manifestaron seis trabajadores que resultaron desvinculados esta semana de un programa de asistencia técnica del programa "Ellas hacen", del Ministerio de Desarrollo de la Nación, destinado a incluir a mujeres en contextos de vulnerabilidad económica y violencia de género. En Salta, el Programa alcanza a unas 5.000 mujeres que a través de la cooperativización y capacitaciones en ámbitos no formales, pueden superar la difícil situación que les toca afrontar.
"Nuestros roles, desde nuestra formación como profesionales en las áreas económicas y comunicaciones, apuntaban principalmente a reforzar las actividades productivas y de esa manera desarrollar su condición material, permitiendo que las mujeres se independicen además de construir participación comunitaria, realzar su autoestima y romper con ciclos de violencia", contaron los trabajadores desvinculados.
El órgano responsable directo del equipo de asistencia en Salta es la Universidad de la Matanza, Buenos Aires, desde donde, según afirmaron, no les brindaron ninguna respuesta, ni las razones por las que se tomó la medida. "Solo trascendió el rumor de una reducción presupuestaria y por ende de personal. Nos resulta preocupante que la primera medida de ajuste se haga sobre los puestos de trabajo", explicaron.
Para finalizar aclararon: "Nuestros roles, desde nuestra formación como profesionales en las áreas económicas y comunicacionales, apuntaban principalmente a reforzar las actividades productivas y de esa manera desarrollar su condición material, permitiendo que las mujeres se independicen. Además de construir participación comunitaria, realzar su autoestima y romper con ciclos de violencia".
Un programa de gran valor social
Tal como informó este medio en recientes informes, la inserción laboral de las mujeres en Salta está todavía restringida por ciertos sesgos patriarcales que aún predominan en la cultura local, tanto como en los marcos jurídicos que regulan el mundo laboral. A raíz de ello, las labores de los trabajadores despedidos también tienen que ver con fortalecer la perspectiva de género para reducir el avance de la violencia hacia las mujeres.
Como los jóvenes profesionales y estudiantes universitarios avanzados que fueron desvinculados estaban contratados mediante locación de servicio, es decir que eran monotributistas que facturaban sus haberes a la UNLaM, que a su vez financiaba los sueldos con fondos del Ministerio de Desarrollo Social, "la casa de altos estudios se desentendió de las obligaciones legales del caso", señalaron los extrabajadores quienes manifestaron que no se les informó la finalización del vínculo con la debida antelación y "no se tomó en consideración, entre otras cosas, que una de las cesanteadas está embarazada de cinco meses".

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