La tecnología pone en jaque de manera permanente las variables de tiempo y espacio, al desafiarlas con desarrollos que permiten acercarse a una inmediatez casi absoluta. En el ámbito particular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las redes sociales han cambiado el paradigma de nuestra forma de contactarnos, a punto tal que, probablemente, nunca el ser humano vuelva a conectarse de otras formas en las que no exista Internet como fenómeno omnisciente, inclusive presente en los lugares más remotos del planeta, o bien en las que el mensaje no recorra su camino hacia el destinatario en sólo fracciones de segundos.
La inmediatez explica en gran medida la masividad del uso de las TIC con fines "sociales", concepto que por cierto también se ve afectado y afecta la conducta humana individual y colectiva, creando así una necesidad artificial de respuestas instantáneas. No obstante, entre los riesgos del uso masivo encontramos hipótesis de conflictos inéditas en otras formas de comunicación preexistentes, sea por las particularidades del propio medio de comunicación -anonimato, globalidad, falta de control centralizado, vacíos legales, entre otras-, o bien por el simple hecho de que las relaciones sociales que en la actualidad se desarrollan a través de él se han multiplicado a niveles exponenciales.

El "grooming" como delito

Entre los fenómenos más preocupantes que se propagan por redes sociales, por afectar uno de los bienes jurídicos más sensibles, cual es la integridad sexual de los menores de edad, se encuentra el llamado "grooming", consistente en una serie de actividades de acicalamiento (si tomamos el sentido literal del verbo en inglés "to groom"), seducción y captación de menores con fines sexuales.
La figura penal del "grooming" ha sido consagrada en el art. 131 del Código Penal Argentino, y establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años a aquel que "por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".
No exento de críticas, algunas técnicas más que otras, y que van desde la desproporcionalidad de la pena (vgr. la escala penal es la misma que otros delitos más graves como la producción de pornografía infantil) a la falta de afectación del bien jurídico que intenta protegerse (vgr. al tratarse de un delito de "peligro abstracto", la integridad de un menor en rigor no se ve afectada por el sólo hecho de que alguien se "contactare" con un menor de edad), el grooming como delito será siempre el último recurso para impedir un flagelo de esta naturaleza -de hecho, a la fecha se conoce sólo un caso de condena en Salta por dicho ilícito (caso "Canario, José Antonio por hostigamiento sexual contra menores o grooming y abuso sexual con acceso carnal")-, debiéndose dar un abordaje más panorámico que comprenda la toma de conciencia y el uso responsable de las TIC por los menores.

La prevención como solución

El complemento natural de la sanción penal debe ser la prevención. En este contexto, con buen tino se ha entendido en el ámbito de la ciudad de Salta, a través de la Ordenanza Municipal Nº 15.127 del 11/07/2016, impulsada por la concejal Frida Fonseca, que la solución radica en brindar herramientas de información y sensibilización para prevenir y erradicar la problemática del grooming, mediante la creación del "Programa Municipal de Concientización, Información y Prevención sobre Grooming y Ciber Bullying", el cual prevé la conformación de "un equipo de profesionales y operadores para actuar en los casos en los que se detectara la problemática instalada, y que tendrá por finalidad orientar, asesorar y derivar a los perjudicados", como así también la creación e implementación de "talleres para padres, abordando la temática del grooming, con la supervisión y acompañamiento del equipo interdisciplinario".
En la provincia, si bien la prevención del grooming se encuentra comprendida en un proyecto de ley, el cual, por cierto, es más amplio que la ordenanza citada y relativo al uso responsable de las TIC en general, el mismo no ha sido aprobado y duerme en los pasillos del Poder Legislativo.
Finalmente, creemos que estas herramientas necesariamente deben complementarse con prevención parental a través de educación y concientización suficiente de los peligros en la red, y que, consecuentemente, el rol del Estado es subsidiario en este flagelo. No obstante, aquel debe estar a la altura del gran desafío que plantea toda regulación de nuevas tecnologías -en particular para el Derecho como herramienta que pretende regir de manera perenne-, que es su recta comprensión. En este sentido, la demonización de la tecnología no resulta admisible si se considera que la misma siempre es neutral, en tanto la valoración de "bueno o malo", de "ético o inmoral", o de "justo o injusto" son características exclusivas de las conductas que se pretendan declarar "lícitas o ilícitas", y no del medio. Tampoco sería correcto sindicar a toda conducta que se desarrolla en Internet como novedosa sólo porque el medio lo es, pues todo lo que ocurre "online" tiene su correlato en el mundo "offline".

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