Convocados por las deficiencias de construcción de sus viviendas, los vecinos del barrio 100 Viviendas Virgen de la Peña se reunieron anoche y, al cierre de esta edición, elaboraban una nota de queja para el Instituto Provincial de Viviendas. Se trata del último complejo habitacional entregado en octubre pasado en Tartagal, y sobre el que cooperativistas que trabajaron en la obra denunciaron mala calidad, además de supuestas irregularidades sobre las que el organismo ya respondió.
Son los mismos vecinos quienes denunciaron filtraciones de agua y rajaduras en la losa, entre otros inconvenientes. "Llueve más adentro que afuera", fue la expresión de la gente, quienes abrieron las puertas de sus casas para mostrar la condición en la que están a solo tres meses de adjudicadas. Los obreros Diego Roldán y Mario Cáceres, de la Cooperativa Emanuel y de Fundatrad, respectivamente, que trabajaron en la obra, aseguraron que hubo errores importantes y que por lo menos 5 viviendas tendrían que haberse demolido. Ambos no solo revelaron las deficiencias de obra, sino que denunciaron connivencia entre los empresarios y los inspectores del IPV, y que en un caso entregaron una camioneta 4x4 a un inspector encargado de controlar la calidad de las viviendas y certificar las obras para que el IPV libere los fondos correspondientes.
Lo que dicen los vecinos
Raúl es uno de los jefes de familia que propició la reunión de ayer "porque tenemos muchos problemas. Hace unos 90 días que las entregaron, pero se están desprendiendo los pisos. Algunos vecinos son albañiles y ya nos advirtieron que vamos a tener muchos inconvenientes", explicó con preocupación. El joven recordó que los problemas estructurales comenzaron apenas recibieron las casas, lo que coincidió con el inicio de período de grandes lluvias en la zona. "Cuando hablamos al IPV para explicar lo que está pasando nos dijeron que las casas tienen garantía, pero a la vez nos mandaron a ponerle las quejas a Juan Pedro Garín, dueño de la empresa que hizo parte de la obra. Creemos que no corresponde, porque pagamos al Instituto de la Vivienda y son ellos los que las adjudicaron. Por lo tanto, el organismo debe solucionar los problemas que estamos teniendo", consideró.
Filtraciones y desnivel
Mariela es mamá de varios niños pequeños y relató que en su caso "se filtra el agua en los dormitorios. Antes de entregarla le pusieron una membrana, pero ya se está despegando y gotea igual. Por lo que me explicaron, las casas están mal niveladas, ya que el agua del baño en lugar de ir al resumidero sale al pasillo hacia los dormitorios. Cuando llueve, todo ese sector parece una olla y debo decir que la mía no es la única casa que tiene problemas, porque somos varias familias que quedamos en medio del agua", describió.
Rosa Morales, otra vecina que también decidió referirse a lo que les ocurre, consideró que "el tema de la vivienda es algo demasiado serio, porque a partir de allí se define el futuro de los niños. Debemos luchar por tenerlas en condiciones y que las cuotas sean accesibles porque se trata de viviendas sociales. Somos las que más tenemos que luchar para que se respete nuestra dignidad"..
Los vecinos explicaron que "la cuota es de $1.481 y están previstos aumentos para los próximos meses. Por tratarse de casas sociales el plan de pago es de 30 años, pero la realidad es que vamos a tener que disponer de dinero para hacer las reparaciones nosotros, ya que si dejamos pasar el tiempo los daños serán cada vez peores".

La respuesta y aclaración del IPV
Mediante un comunicado, el IPV se refirió a las presuntas coimas de empresarios a inspectores del Instituto Provincial de Vivienda y aseguró que "este organismo toma conocimiento de los dichos y realizará una exhaustiva investigación para encontrar la verdad de los hechos". Aseguró que "sobre la grave difamación de apropiación de un vehículo, la camioneta en cuestión forma parte del artículo Nº 16 del pliego de contrataciones, que contempla la provisión por parte de la contratista de un vehículo en perfectas condiciones de uso para ser utilizado en las inspecciones durante el tiempo que se fija el plazo de obra, que será restituido a la contratista una vez vencido el plazo".
Tras negar cualquier tipo de contrato con Emanuel y Fundatrad, indicó que hasta ahora no se registraron reclamos de los adjudicatarios y que la empresa tiene 5 años de garantía a partir de la entrega, realizada en octubre de 2015. "Por lo tanto, la contratista tiene la obligación de realizar todo tipo de refacción que necesiten las unidades habitacionales", se remarcó.

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Sección Editorial

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COJE VILLEROS K
COJE VILLEROS K · Hace 10 meses

fundatrad siempre metidos

Mario Rubén  CANSECO ZINGARIELLO

¡¡¡ ARGENTINA PAÍS GENEROSO !!! ¡¡¡ QUÉ LO PARIÓ !!!


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