A pesar de la férrea negativa de los defensores de los imputados y de los propios detenidos, el juez de la causa Fernando Mariscal Astigueta avaló la toma de muestras genéticas de los cuatro detenidos por el caso de la violación en banda de una joven wichi, en el paraje Alto La Sierra.
La diligencia procesal se cumplimentó en la jornada del viernes y se informó que los imputados fueron conminados a permitir la toma de muestras de sus ADN respectivos a través de la fuerza pública, ya que los acusados se resistieron a prestar colaboración para la toma de hisopado bucal.
Las muestras ahora serán sometidas a cotejos genéticos.
La toma de muestras, según lo informado por la fiscalía penal de Tartagal, fue una de las catorce medidas de prueba solicitadas a fines de junio pasado por los fiscales, Pablo Cabot y Federico Obeid, quienes están al frente de la investigación penal.
Al conocerse el pedido de esta prueba, la defensa de los cuatro de ocho imputados, quienes se encuentra detenidos en Tartagal, interpuso un planteo para evitar que se concrete tal medida, no obstante, el juez de la causa Fernando Mariscal Astigueta, avaló la realización de dicha diligencia.
En vista de ello, la toma de hisopados bucales a los cuatro acusados detenidos se realizó, aunque para ello fue necesario la intervención policial puesto que los imputados se resistieron abiertamente a la diligencia procesal.
Obtenidas las muestras, las mismas fueron derivadas al Departamento de Genética del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, cuyos peritos deberán ahora someter las mismas a los correspondientes cotejos genéticos con la muestra de ADN que fue tomada del cordón umbilical del bebé que fue gestado por la víctima.
Con esta pericia, los fiscales avanzan en investigar la responsabilidad de ocho personas (entre ellas tres menores, los cuatros acusados detenidos y un sujeto que se encuentra aún prófugo) en el abuso sexual de una menor de edad de la etnia wichi, ocurrido en el paraje Alto La Sierra
en noviembre del año pasado.
En busca de establecer las responsabilidades penales por este hecho, los fiscales llevarán a cabo en los próximos días otra serie de diligencias, como así también informaron que tienen previsto recibir otras declaraciones testimoniales vinculadas al caso.
La historia
El caso de la niña wichi reveló la indolencia oficial.
El caso que tiene además de la violación en banda, un embarazo de riesgo interrumpido hace poco más de un mes.
El tema Alto La Sierra, fue la muestra cabal de la pobreza y la marginalidad desatendidas desde los esquemas del Estado. Un símbolo de la desprotección de los más vulnerables.
El caso penal gira alrededor de una menor discapacidad, que fue violada por más de media docena de sujetos en noviembre del año pasado y que fue denunciada únicamente por nuestro medio, El Tribuno, con la crudeza de una realidad innegable.
El caso que tiene ribetes desagradables tomó público en el hecho policial casi inmediatamente, pero debieron transcurrir seis meses para que los resortes de la Justicia tomen verdadera intervención en el mismo. Fallaron los costosos esquemas asistencialistas de Derechos Humanos, Infancia, Seguridad, Justicia, Asuntos Indígenas, como también los niveles preventivos de la Salud.
Además la investigación del caso tuvo picos críticos que rozaron los jury de enjuiciamiento solicitados al fiscal y al juez de la causa.
La triste historia de la menor pone en duda la eficacia de los organismos que manejan millones de pesos para sostener políticas preventivas.
El tema podría ser mucho más grave aún.
Las diligencias procesales buscan hoy echar luz sobre el caso que durante meses estuvo oculto.
Un 28 de noviembre casi toda la comunidad de Alto la Sierrase movilizó indignada, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes de familias criollas del lugar.
La verdad que duele
Tras el alzamiento de los humildes aborígenes comenzó a desnudarse una verdad cruel.
Para ejemplo basta enumerar que los informes del supuesto abuso habían sido redactados por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas. Más aún: el informe según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico y para graficar las desprolijidades, el informe forense fue recién realizado por un médico de Tartagal, cuando la niña fue asistida una semana después de los supuestos hechos que hoy se investigan. Alto la Sierra es una de las poblaciones más pobres del país, adonde llegan millones de pesos en obras y asistencia para los más humildes, pero esto no se condice con la realidad.

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Las madres de los acusados del delito reclaman una verdad que se les niega, según afirman.
Las madres de los acusados del delito reclaman una verdad que se les niega, según afirman.

Malos tratos

Los cuatro detenidos acusados de ser los responsables de la violación a la nena wichi de Alto La Sierra, que habían sido ubicados en la Alcaidía de la Provincia fueron traslados días pasados a dependencias policiales del interior a expreso pedido de la abogada Sarah Esper.
La defensora denunció en su tiempo que los detenidos sufrieron malos tratos.
Las denuncias radicadas por estos hechos hablan de golpes y también de amenazas para que no hablen.
La abogada
detalló que fueron los familiares quienes le comentaron sobre los malos tratos y a partir de allí ella se comunicó con el secretario del juez de Garantías. El propio juez se apersonó a la Alcaidía y habló con los detenidos.

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