Si el Gobierno, la CGT y los empresarios acuerdan esta semana un bono de 3.000 pesos para todos los trabajadores registrados podrían perjudicar a las pymes, que generan el 75% del empleo privado, y beneficiar a las grandes compañías, advirtió ayer el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El Gobierno anticipó que pagará un bono de 1.000 pesos a los jubilados con el haber mínimo y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Además, para apaciguar las amenazas de huelga de las centrales gremiales, se eximió del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo para salarios de hasta 55.000 pesos.
Ahora, la CGT insiste con la demanda de un bono navideño, el cual alcanzará solo a la mitad de los ocupados, que son los asalariados formales, e impactará de forma muy distinta en pymes y en grandes compañías.
Según datos de la AFIP, las empresas privadas generan unos 6,5 millones de empleos asalariados registrados a un salario promedio de 20.000 pesos mensuales.
Las empresas con más de 500 trabajadores generan el 26% del total del empleo asalariado registrado y pagan un salario promedio de 30.000 pesos mensuales.
Las compañías de entre 100 y 500 trabajadores sostienen un 23% del empleo asalariado formal total con una remuneraciones promedio de 21.000 pesos.
Y las firmas con menos de 100 trabajadores representan el 51% del total del empleo privado y la remuneración promedio es de 15.000 pesos.
Estos datos muestran que más de la mitad del empleo asalariado privado formal es generado por empresas con menos de 100 empleados.
En contrapartida, apenas uno de cada cuatro asalariados privados registrados está en una empresa grande.
Según Idesa, considerar esta composición del empleo es relevante porque las capacidades productivas son muy diferentes, por lo que fijar reglas de manera centralizada lleva a ignorar estas profundas brechas de productividad.
Representantes empresariales, sindicales y funcionarios nacionales toman decisiones sobre la base de la realidad de las grandes empresas, lo que fatalmente implica discriminar a las pymes, dijo Idesa.
A modo ilustrativo, un bono de 3.000 pesos como el que están demandando los sindicatos representa un 10% de aumento de costo laboral para una empresa grande, pero llega al 14% entre las medianas y al 20% para las pequeñas.
En la perspectiva regional, en las provincias del norte argentino el aumento de costo laboral sería superior al 20%, al estar conformadas masivamente por micro y pequeñas empresas. A su vez, eximir del impuesto a las ganancias e imponer aumentos centralizados de salarios es regresivo, advirtió la entidad privada. Primero, porque alcanzan solo a los asalariados formales excluyendo a los empleados informales y a los cuentapropistas (que son la mitad de los ocupados y perciben ingresos más bajos).
Segundo, porque perjudica a las pymes al imponerles aumentos de costo laboral que duplican al de las grandes empresas. Tercero, porque las exenciones del impuesto a las ganancias benefician mayoritariamente a los trabajadores de las empresas más grandes.

Que se sume la Iglesia

El triunvirato de la CGT ratificó ayer la posibilidad de realizar medidas de fuerza o movilizaciones en reclamo de mejoras del poder adquisitivo y pidió que se incorpore la Iglesia a la discusión abierta con el Gobierno y los empresarios, a quienes pidió “apostar por el país”.
Desde la central cegetista ratificaron que el bono de fin de año se deberá discutir por sector, donde la suma de 1.000 pesos propuesta deberá ser tomada solamente como “un piso”.

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