Gas, electricidad, combustibles, peajes, cuotas de escuelas, alimentos y el combo de aumentos, a veces incomprensibles para el ciudadano común, está alterando los ánimos. Hay que "pagar la fiesta" de los últimos 12 años, insisten desde el Gobierno, mientras la oposición o los exgobernantes hablan de un "ajuste despiadado" realizado por la llegada al poder de funcionarios "deshumanizados".
¿Estamos hablando de algo nuevo? Para nada, apenas del regreso de un ciclo de golpe al bolsillo que en la Argentina emerge de tanto en tanto, y por motivos tan diversos como dolorosos. Uno de los primeros sacudones de los últimos 70 años se dio con el mandato del desarrollista Arturo Frondizi, producto de la herencia recibida del gobierno de la Revolución Libertadora, cambios implementados y problemas estacionales y de arrastre. En 1959, se llegó a promediar tasas del 100 %. La década de 1960, con calma durante el breve período de Arturo Illia entre 1963 y 1966, llegó a promediar tasas del 25 % anual. Los convulsionados años 70 iniciarían un camino inflacionario que recién se detendría durante la convertibilidad en los 90.
Si bien los 70 comenzaron en un mar tranquilo, la crisis que desembocó en las medidas de Celestino Rodrigo, en 1975 (inflación cerca del 800 %), cerró con un promedio de 135 % anual, con los argentinos ya acostumbrados a ver cómo los salarios se esfumaban en cuestión de horas. El plan implementado por José Ber Gelbard desde octubre de 1974 había logrado, mediante el llamado Pacto Social, contener los precios y mejorar la distribución de la riqueza durante el primer tramo del gobierno de María Estela Martínez, pero las luchas internas desembocaron en su salida. Rodrigo, en 1975, trajo una devaluación del 160 % y un ajuste despiadado que llevó a la ruina a miles de argentinos.
La dictadura
La dictadura estuvo lejos de acomodar la economía. A la par de transformarse en un período de muerte y oscuridad, los precios subieron casi un 180 % anual de promedio. El índice más bajo fue en 1980: 100 %. Con el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y pese a los planes Austral y Primavera, los precios no se contuvieron y desembocaron en la hiperinflación de 1989-1990, con un escalofriante número del 3.000 %.
La convertibilidad trajo calma inicial, pero su caída fue violenta: desembocó en la crisis de 2001-2002. De una inflación contenida se pasó al 42 % en 2002, muy cerca del 35 % que algunos proyectan para este año.
La década ganada
Durante la "década ganada", luego de despilfarrarse los superávits comercial y fiscal, se comenzó con un festival de subsidios que eran financiados con emisión monetaria provocando no solo el enorme déficit fiscal (7 % del Producto Interno Bruto) sino una inflación por encima del 25 %.
En medio de los números, que casi siempre encabezan rankings a nivel mundial, las generaciones van pasando del goce al llanto, siempre añorando la prosperidad que nunca fue.
El tarifazo
Aun con el tarifazo, Argentina tiene el gas más barato que otros países de la región. El retraso del precio que los argentinos pagan por insumos básicos como el gas o la electricidad es evidente si se comparan con las tarifas de energía de la región, según un informe del Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
El Ceres tomó como base de comparación la tarifa de la distribuidora Metrogas para sus clientes de la ciudad de Buenos Aires actualizada a abril y determinó que un usuario residencial paga entre 0,2163 y 0,4369 centavos de dólar por metro cúbico de gas, cuando en Brasil -por caso- el cargo oscila entre 1,24 y 1,25 dólares, es decir, entre tres y seis veces más. En el informe, se indicó que en Uruguay se paga entre 1,12 y 1,49 dólares por metro cúbico, según el nivel de consumo, mientras que en Chile el rango va de 0,74 a 1,14 dólar.
Según el Informe, sólo productores y exportadores, como Bolivia y Venezuela, pueden exhibir precios inferiores a los de la Argentina. Para consumos anuales de 1.000 m3, la diferencia con el promedio regional alcanza los niveles más altos, representando el 32 %. De esta forma, se desprende que un usuario residente en la Ciudad de Buenos Aires abona una tarifa 3,5 veces menor que en Chile; 5,5 veces menor que en Uruguay, y cerca de 6 veces menor que en Brasil.
Al comparar las nuevas tarifas locales con las verificadas en la región, la Argentina y Venezuela aún mantienen las tarifas más bajas para el servicio de gas natural por red.
Industria
En cuanto a la provisión del fluido a industrias, la brecha de valores locales e internacionales se profundiza. El promedio regional representa 20 veces la tarifa de gas que abona una industria radicada en la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente la misma relación que se da con respecto a Brasil (San Pablo), nuestro principal socio comercial.
Una sociedad más equitativa
La intensidad informativa no permite valorar decisiones que apuntan a la construcción de una sociedad más equitativa. El Ministerio de Energía de la Nación logró un ahorro de 13.615 millones de pesos en el primer cuatrimestre de este año, 32 % menos del gasto que se realizó en igual período de 2015, por la reducción de subsidios a la electricidad y el gas natural, entre otras políticas.
La reducción alcanzó también a los millonarios subsidios que se destinaban a la empresa mayorista de electricidad (Cammesa), a la petrolera estatal Enarsa y al Plan Gas, de estímulo a la producción local. Esas quitas son soportadas ahora por familias que están en condiciones de abonar tales consumos, mientras se generalizó la tarifa social para los sectores de menores recursos que no pueden afrontar los fuertes incrementos. Los principales aumentos tuvieron como centro a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, donde miles de familias efectuaban un gasto exagerado en luz y gas natural, pero pagaban montos irrisorios. Si bien en términos porcentuales tales incrementos fueron elevados, en valores absolutos esas subas apenas igualan lo que desde hace años se abona en el interior. Las distorsiones son evidentes, como es el elevado costo que significa para entidades de servicio, que deben ser corregidos, sin dejar de atender el principal interés que es la reducción del alto déficit que dejó el kirchnerismo. El déficit del Estado se atendía mediante partidas extraordinarias del Banco Central y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que con la figura de "rentas de la propiedad" sólo era una abusiva emisión que alentaba la suba de precios. La "inflación núcleo", que mide el consumo de bienes y servicios sin el impacto de medidas estacionales como la suba de tarifas, alcanzó en abril a 2,8 %, la menor desde diciembre, según informó el Banco Central. El aumento de los precios mayoristas mostró ese mes un alza de 1,5 %, el menor registro desde diciembre, según el primer informe de las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El incremento del salario mínimo, vital y móvil en 33 % desde enero de 2017 y la suba de 400 a 3.000 pesos en el pago del seguro por desempleo son otras medidas que tienden a equilibrar el esfuerzo actual, en este caso en apoyo de sectores vulnerables. Esas acciones se suman al aumento de la ayuda social y a las pequeñas y medianas empresas (Pyme). Tales medidas apuntan en la dirección correcta, aun cuando faltan corregir numerosas distorsiones generadas por la anterior administración, las que no fueron bien explicadas para que la sociedad comprenda el esfuerzo que se le exige.

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