Algo más que un nuevo intendente

Armando Frezze

Algo más que un nuevo intendente

Cuando el Gobierno acaba su turno y debe entregar el poder a su sucesor, si ambos son del mismo signo político no hay mayores problemas. Pero si el sucesor es de la oposición, por haber triunfado en los comicios, el cambiar de manos tiene sus dificultades; tanto funcionarios salientes y entrantes tienen un breve plazo para acomodar las cargas, informar y ser informados y hasta para aprender donde están las oficinas que cambian de titulares. Ese intermezzo tiende a ser ríspido antes, durante y después de la transición.
Antes, porque la historia muestra que en todos los niveles -nacional, provincial y municipal- existe costumbre en los que se van, de otorgar a último momento el blindaje de estabilidad a sus funcionarios y personal que aún no lo tenían. Ello es una falta de ética política porque dificulta el inicio de gestión al nuevo gobierno y, en Salta, una implícita confesión de no haber cumplido el mandato constitucional que dispone que para ser admitido en el empleo público se deberán aprobar los concursos de selección pertinentes.
La reprobación o baja calificación indicará falta de la idoneidad requerida por la Constitución, que impuso sistemas objetivos de análisis para evitar las designaciones a dedo. Esta columna se ocupó del mal ejemplo brindado por el municipio de la Capital (El Tribuno, 23/7/l5) y que a la fecha sigue designando (o intentando designar) personal, 62 contratados han pasado a planta permanente de la Cooperadora Asistencial, regida por la Ley 5335, presidida por el Intendente saliente y sometida al régimen de control de la Auditoría General de la Provincia según el art. 8º de esa ley.
Si para el ingreso a la Justicia la Constitución de Salta impone a los postulantes exigencias académicas, antecedentes éticos sin tacha, compromiso con el sistema democrático, conocimientos suficientes de la comunidad en la que desarrollará el cargo, tener el perfil sicológico acorde al mismo, entre otros requisitos, no parece desatinado exigir a los niveles superiores, Director General, Director Provincial o equivalentes en los entes autárquicos y en los municipios, una prueba similar. Para modernizar la gestión pública, incluida la municipal, resultan hoy imperativos los concursos públicos abiertos, exigentes, competitivos y transparentes, que establecerán un orden de mérito para el ingreso. Se encontrarán así los candidatos que tengan niveles de excelencia si lo que se busca es mejorar la marcha de la administración pública.
"Para modernizar la gestión municipal, resultan imperativos los concursos públicos abiertos, exigentes, competitivos y transparentes".
Pero también existe el reverso de la medalla: una vez asumido el poder por el nuevo gobierno, éste actúa usualmente con apuro y desprolijidad, para reemplazar a los funcionarios políticos de primera línea del gobierno saliente sin apelar al ascenso de personal de segundas y terceras líneas, que garantizan la cobertura de una buena cantidad de cargos con gente idónea . Ello también puede alterar el buen andar del Estado.
Para ello durante la transición deberá prestarse especial atención en primer lugar a las capacidades técnicas y profesionales del funcionario y determinar si su mérito para el cargo fue sólo su lealtad política o existía, además, confianza acerca de su compromiso con la política pública del área. En este caso, si el nuevo gobierno tiene decidido continuarla, parece razonable que el anterior titular se mantenga en actividad por un plazo que permita su correcta evaluación, además de la utilidad de comunicar su experiencia y conocimiento del procedimiento interno al nuevo equipo a cargo durante más tiempo. O sea, respetando sus pensamientos políticos diferentes, evaluarlo para calificar sus competencias y su motivación e interés con la política pública en la cual está inserto. Despedir buenos funcionarios con larga experiencia en gestión pública so pretexto de no gozar de confianza en un sentido político partidista, no es bueno para el Estado y lo que no es bueno para éste no lo es tampoco para el nuevo gobierno.
Claro está que lo propuesto requiere, además de la conformidad del interesado, un plus más difícil de encontrar: que existan políticas públicas preexistentes con cierto grado de desarrollo. No planes, programas o acciones meramente coyunturales sino verdaderas políticas públicas.
Esta suerte de utopía en defensa del buen funcionamiento de la administración pública, tiene por finalidad asegurar la continuidad en la marcha de las instituciones y también, desde la política, afirmar que se tiene una visión del Estado, en este caso del estado municipal, que supere los gobiernos de turno.
La utopía consiste en confiar personas que ejercieron funciones de alto nivel durante el gobierno anterior en tareas de tipo político-técnico cuando tengan afinidad con los programas y políticas del gobierno. Obras Públicas por ejemplo o Turismo. Cierto es que resulta muy complejo que alguien ejerza un cargo de esa índole si su pensamiento político no es igual al del nuevo gobierno. En la práctica se necesitan superar las rispideces del después de la transición y establecer confianzas mutuas para poder funcionar en el día a día.
Pero las utopías están hechas también para ponerlas a prueba.
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