Si posterga la rebaja de cinco puntos porcentuales a los derechos de exportación de la soja, el Gobierno corre el riesgo de resquebrajar el vínculo que logró forjar con el campo por haber cumplido sus promesas de campaña electoral a los pocos días de haber asumido.
Ese respeto del presidente Mauricio Macri a la palabra empeñada permitió una rápida reacción de la actividad agrícola. En pocos meses se recuperaron las ventas de maquinaria y comenzaron a reescribirse los planes de siembra de la campaña de granos finos. Pese a la crítica condición financiera en la que se encontraba el promedio de los productores y el panorama de quebranto que presentaba la campaña 2015/2016, los agricultores apostaron al cambio de escenario.
Así, mientras la construcción, la industria y el consumo exhiben todavía índices en retroceso, el negocio agrícola entró en la senda positiva.
El Gobierno, según palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, admite ahora que la promesa de bajar a 25% las retenciones a la soja este año está en revisión dado que el fallo de la Corte que ordenó frenar la suba de las tarifas de gas a los usuarios residenciales lo obligó a modificar su estrategia de bajar el déficit fiscal.
Esa definición pública puso en claro las discusiones que venían teniendo los miembros del gabinete económico sobre la posible postergación de la rebaja de retenciones. El Ministerio de Agroindustria, que no fue ajeno a ese debate, intenta una jugada de riesgo: pedirles a las entidades gremiales que tengan un "gesto patriótico" y acepten que la soja continúe con el 30% de retenciones por los problemas económicos del país.
Durante el kirchnerismo, que capturó unos 90.000 millones de dólares del campo, no fueron pocos los que propusieron alternativas a las retenciones como el pago a cuenta de ganancias, la segmentación según la escala o la bonificación de fletes. Claro, del otro lado no había voluntad de dialogar y se intentó ir por todo. No lo lograron y apenas hubo compensaciones a pequeños productores a partir de 2014. Era tarde, el daño ya estaba hecho.
Quienes salieron rápidamente al cruce del "operativo conformidad" fueron los productores autoconvocados. "Son un impuesto distorsivo, confiscatorio, anticonstitucional, discriminatorio (contra el interior y el sector) que genera asimetrías insalvables con nuestros competidores internacionales (que no tienen retenciones)", dijeron en un comunicado. El ministro Ricardo Buryaile tuvo palabras similares. En una entrevista durante el foro de inversores expresó: "para nosotros las retenciones tienen que desaparecer". Eso sí, no precisó cuándo ocurrirá.
El Gobierno está en un brete porque el costo fiscal del fallo de la Corte sobre tarifas se calcula en 700 millones de dólares, mientras que la rebaja de 5 puntos porcentuales a la soja tendría una merma en los ingresos fiscales de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, lo que equivale al 1% de la recaudación total. Para 2017, aunque prevé que la economía se recupere, en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso se calcula que el déficit fiscal represente el 4,2% del PBI.
El Gobierno se preocupa en hacer sus números. Sin embargo, hay un cálculo que falta para que sea completo el análisis de los pro y los contra de postergar la rebaja de retenciones. Es el impacto que tiene en la economía real la reducción de impuestos a la actividad agropecuaria: esos 1.000 millones de dólares en manos de la producción se multiplican en camionetas, tractores y ventas en los comercios del lugar donde se origina y en las ciudades cercanas. En la enorme bolsa del Estado, en cambio, su destino es incierto.

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