La jueza en lo Penal Económico Verónica Stracchia ordenó hoy doce allanamientos en distintos domicilios y empresas del Grupo Indalo, incluidos el canal C5N, en el marco de la denuncia que hizo la AFIP por supuesta insolvencia fraudulenta.
Fuentes judiciales informaron que los allanamientos habían sido solicitados por el fiscal Germán Bincaz, al dar curso a la denuncia de la AFIP, a raíz de que el empresario retuvo el pago de 8.000 millones de pesos.
Uno de los allanamientos, a cargo de personal de Prefectura y Policía Federal, se desarrolló en el edificio de Fitz Roy 1940, en Palermo, donde funcionan los medios C5N, Minuto Uno y Radio 10.
Además, hubo otros dos procedimientos en oficinas de la empresa Oil Combustibles en Comodoro Rivadavia y en la Inversora M&S, ambas del Grupo Indalo, pudo saber NA.
Se trata de operativos que realizó la Prefectura Naval en las agencias de la AFIP números 11 y 51, y en firma de auditoría contable Deloitte.
El Grupo Indalo aseguró que 'colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma'.
En un comunicado, señaló también que 'a través de sus abogados dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias'.
'El Grupo Indalo trabaja desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar de todas sus actividades', expresó.
La denuncia la había hecho la AFIP días atrás, tras conocerse una información en el diario La Nación que reveló que el empresario había omitido el pago de impuestos por 8 mil millones de pesos. La causa, bajo secreto de sumario, se inició por denuncia de la AFIP y en los allanamientos la jueza ordenó recolectar documentación contable, financiera e impositiva.
En su denuncia, el organismo que conduce Alberto Abad, le apuntó al Grupo Indalo por haberse beneficiado de dos planes especiales de pago conocidos como 'del artículo 32', haciendo un supuesto 'aprovechamiento abusivo' de los programas para empresas y contribuyentes con dificultades.
En ese sentido, se sospecha que el empresario Cristobal López financió la expansión de su grupo económico con el dinero que retuvo por el pago de impuestos a la Transferencia de Combustible (ITC).

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