El Congreso de Tucumán tiene el mérito de haber reafirmado el proyecto de la emancipación, declarando la independencia de España, de su corona y como se añadió oportunamente para disipar sospechas- de toda otra dominación extranjera.
Adoptó el nombre de las "Provincias Unidas en Sud América", emitió la declaración en castellano, quichua y aimara, y consideró la propuesta de Belgrano de establecer una monarquía constitucional incaica, para reivindicar las raíces históricas andinas, sumar a la causa a los descendientes de los pueblos originarios y unir a los pueblos sudamericanos.
Las proclamas de Belgrano de julio y agosto de 1816 resaltaban que en las deliberaciones de la asamblea se reconociera "la legitimidad de la representación soberana de la Casa de los Incas", proyectando asentar la capital en Cusco, y daba por hecho que los congresales "han resuelto revivir y reivindicar la sangre de nuestros incas para que nos gobiernen".
La proclama de Güemes del 31 de julio saludaba la declaración de la independencia expresando la resolución popular de sostenerla, con mayor razón "cuando, restablecida muy en breve la dinastía de los incas, veamos sentado en el trono y antigua corte del Cusco al legítimo sucesor".
San Martín adhirió entusiastamente a la iniciativa en su correspondencia con los diputados cuyanos Godoy Cruz y Laprida, manifestando "lo admirable que me parece el plan de un Inca a la cabeza: sus ventajas son geométricas".
La versión historiográfica de Mitre, empeñado en descalificar el proyecto, pretendió restar entidad a esa adhesión, alegando que San Martín empleaba la expresión "ventajas geométricas" en forma irónica.
Sin embargo, el Libertador recomendaba a renglón seguido organizar una regencia unipersonal, mostrando su preocupación por el éxito del sistema, y otras dos cartas a Godoy Cruz -en el archivo que recopiló el mismo Mitre (!)- son también inequívocas: en una del 12 de agosto afirmaba: "todos los juiciosos entran gustosamente en el plan", y en la siguiente, tres días más tarde, explicaba que, en una reunión de consulta a "hombres de consejo" de Mendoza, se volcó la opinión en contra de la monarquía inca, "no obstante que la masa general estaba por la afirmativa", por lo cual los congresales podían "obrar sin traba alguna, en el supuesto de que ustedes todos tendrán más presente los intereses del pueblo". O sea que insistía en su posición favorable al trono incaico, compartida por "la masa general" de los cuyanos.
El plan parecía ganar consenso, avalado por el diputado catamarqueño Acevedo, el riojano Castro Barros, el tucumano Thames, así como los altoperuanos Rivera (de Mizque), Pacheco de Melo (de Chichas), Serrano, Sánchez de Loria y Malabia (de Charcas).
Pero el modelo monárquico -aún con el contrapeso de un parlamento representativo- chocaba con el espíritu republicano de otros patriotas.
Estaban ausentes en Tucumán las provincias del litoral lideradas por Artigas, que en el Congreso de Oriente de 1815 habían ratificado anteriores proclamas independentistas y exigían un sistema republicano confederal.
Los diputados Cabrera, Del Corro, Pérez Bulnes y Salguero eran del partido federal de Córdoba, que no obstante participar de la liga artiguista decidió concurrir a Tucumán para conciliar las posiciones enfrentadas.
Aunque en Buenos Aires predominaba la posición centralista, también allí había una corriente favorable a la solución federal: su vocero, Tomás de Anchorena, cuestionó la forma monárquica planteando “la federación de provincias”.
El problema de la forma de gobierno se tornaba complejo, e incluso comenzaba a tramarse solapadamente otra opción: la monarquía con un príncipe europeo.
Pueyrredón, designado director supremo por el Congreso, se inclinaría finalmente por buscar un rey en Europa.
Además, encontró en marcha la conspiración que auspiciaba la invasión portuguesa a la Banda Oriental para terminar con Artigas, y la impulsó de modo encubierto, con el asentimiento de una “parcialidad” entre los congresales denunciada por Cabrera en la misma asamblea- que logró manipular la mayoría.
La alarma ante la ofensiva del Imperio lusitano movió al Congreso a planear una misión a Río de Janeiro, procurando un arreglo que “enlazara” la dinastía de los Incas con la de Braganza, e incluso otras posibles combinaciones con infantes brasileños o extranjeros; misión que no se concretó, pues Pueyrredón confiaba en que la invasión portuguesa se circunscribiría a la Banda Oriental, sin atacar las demás provincias.

El embrión federal
Trasladado a Buenos Aires, el Congreso aceptó dejar en manos de Pueyrredón las negociaciones con Portugal, y en dos sesiones secretas de diciembre de 1817 aprobó la decisión del director de consentir una “ocupación interina” de la Banda Oriental.
Esta entrega suscitó la oposición del grupo político de Dorrego, Manuel Moreno, Agrelo, Chiclana, French y otros -embrión del partido federal bonaerense- que fueron deportados por Pueyrredón. Desde Baltimore, Agrelo reclamó una reacción del Congreso, denunciando las maniobras del directorio: “el país se vende y se ha tratado la venta con la corte de Brasil”. Les pedía destituir y enjuiciar a Pueyrredón, pues “se trata, en fin, del honor de ese mismo Congreso, que se anuncia en todas partes complicado en la traición”.
La composición del Congreso se redujo y cambió, por ausencia o sustitución de varios diputados, como los cordobeses, entre los cuales pasó a ocupar un lugar prominente el deán Funes.
Al cabo, se elaboró una Constitución aristocrática y unitaria, sancionada en abril de 1919, que Pueyrredón aprobó, considerando que con pocos retoques serviría de base a la monarquía.
Un manifiesto del Congreso confesaba la intención de restringir la participación popular en la vida política: “Tuvimos muy presente aquella sabia máxima: que es necesario trabajar todo para el pueblo y nada por el pueblo”.
Todo ello agravó el conflicto con las provincias federales. Pueyrredón se había comprometido con San Martín y la Logia Lautaro a sostener la campaña del Ejército de los Andes, pero el acuerdo se quebró y el Libertador optó por desobedecer a aquel gobierno indefendible. Pueyrredón renunció, y su sucesor Rondeau prosiguió las gestiones hasta que obtuvieron la oferta del duque de Luca, un Borbón de menor rango.
El Congreso trató la cuestión a puertas cerradas, y en noviembre de 1819 la aprobó por votación de 11 a 4, condicionada a que se obtuviera el consentimiento de las potencias de Europa, “especialmente el de Inglaterra”.
Pero el consenso que faltaba era el de los pueblos, que no iban a admitir que se negociara la independencia. Los caudillos que surgieron al lado de Artigas pusieron fin al gobierno directorial pocas semanas después, con la batalla de Cepeda, abriendo otro capítulo de la lucha por la revolución emancipadora.




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