El fiscal Armando Cazón fue separado de la investigación sobre la violación de la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra, ocurrida el 28 de noviembre de 2015. La causa, que tiene a cinco adultos de entre 19 y 22 años de edad y tres adolescentes imputados, quedó a cargo del fiscal penal 2 de Tartagal, Pablo Cabot.
La resolución fue firmada por el procurador general, Pablo López Viñals, tras cuestionamientos contra Cazón presentados por el abogado Juan Carlos Sánchez, exdefensor de uno de los acusados, y por el juez que atiende el caso, Héctor Mariscal Astigueta. Denunciaron un supuesto ocultamiento del informe del médico legista, quien revisó a la víctima cuatro días después del abuso sexual.
Consultado por El Tribuno, el fiscal Cazón se excusó de referirse a las actuaciones que rodean el caso y manifestó que "todo quedará, en su momento, debidamente esclarecido".
Responsabilidades
En el comunicado oficial sobre el apartamiento de Cazón, se resaltó que "la Procuración dispuso también una investigación preliminar, a cargo del fiscal Cabot, a fin de determinar las posibles responsabilidades, ya sea del fuero judicial como estatal, respecto a la no implementación de la guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima de delito sexual y la concreta atención de los abortos no punibles".
En esos términos se aludió a organismos del Poder Judicial, como el Juzgado de Menores que interviene en la causa; del Ministerio Público, como la Defensoría General y la Asesoría General de Incapaces, y del Ejecutivo. En esa línea, diversas organizaciones civiles, incluido el Inadi, denunciaron a los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Justicia por la inacción que vulneró derechos fundamentales de la niña wichi de Alto La Sie rra.
El 9 de junio, el juez Mariscal Astigueta ordenó la detención de los cinco adultos imputados, pero uno de ellos permanece prófugo.
Los tres adolescentes denunciados, en tanto, se encuentran en libertad por disposición de la jueza de Menores Sandra Sánchez, quien desestimó un pedido de detención presentado por el fiscal Cazón. Fuentes judiciales señalaron que el abogado Juan Carlos Sánchez, quien estuvo a cargo de la defensa de uno de los menores de edad hasta hace unos días, es hermano de la jueza .

El caso

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