El reclamo que se escucha a lo largo y a lo ancho del país se incrementa cada día, reclamando una clase de justicia de escasos antecedentes en el país: someter a proceso y condenar cuando corresponda a los funcionarios públicos corruptos, finalidad que abarca la más pequeña intendencia hasta la mismísima Presidencia de la Nación.
El tema es prioritario, antes incluso que la inseguridad o la inflación.
Las razones han estado fermentando en la sociedad, la cual incluye a los magistrados judiciales, que son también ciudadanos, cualquiera fuese la ideología de su preferencia, su origen étnico o el club de sus amores. Ellos tienen también su visión de las virtudes y los vicios del sistema judicial, con la ventaja de poder percibirlos desde ambos lados del mostrador.
No extraña entonces que en Salta se haya constituido una nueva entidad civil, formada por casi un centenar de jueces provinciales. Después de todo, la libertad de asociarse con fines lícitos es una garantía constitucional que poseen todos los ciudadanos, y los jueces también lo son. Así se materializó en este año la novísima "Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta".
Que surja una nueva organización de magistrados resulta un buen presagio porque indica pluralismo; y una mirada plural sobre el sistema judicial real devendrá seguramente en un progreso que se verá no en las sentencias, porque la ley es una sola y a los magistrados le está vedado legislar, pero sí en diferentes tareas de estudio, de investigación, de propuestas sobre gestión judicial, que apunten a aumentar la eficacia del sistema, actividades que por otra parte prevé su estatuto.

El control informal del ciudadano

El Poder Judicial puede llevar adelante, sin apartarse una coma de la ley, una revolución social profunda si cuenta con magistrados capacitados y prudentes, que sean sensibles a la realidad y estén comprometidos con la comunidad. Asociarse los jueces en organizaciones civiles es parte de ese nuevo rol, que reemplaza al de aquellos jueces del siglo XX, los que solo hablaban por sus sentencias. En este siglo XXI el escenario cambió, la información judicial dirigida a la comunidad es diaria, es completa y provista incluso desde el mismo Poder Judicial y su Secretaría de Prensa. La actividad de los magistrados está hoy bajo el examen informal y permanente de la ciudadanía, que aprueba o desaprueba los hechos, control cuya existencia y efectividad no puede ser ignorada.
La gente está sensibilizada y poca fe tiene en el sistema, y lo cuestiona. Los jueces a su turno, no como poder del Estado sino como simples habitantes, muchas veces han encontrado razón a las quejas de la gente. Porque aunque la lentitud, el prevaricato o la politización sean defectos y anomalías de una minoría, son lo que más se destaca, opacando al resto de magistrados rectos e independientes.
La mayoría de los magistrados no solo han hecho bien su trabajo sino que también padecieron esos defectos ajenos, señalados por la opinión pública. Así estos jueces han buscado respuestas, formulado aportes, analizado problemas y esbozado posibles soluciones. Estas acciones las canalizaron usualmente por las entidades que los agrupan, asociaciones civiles a las que se ingresa voluntariamente y que carecen de toda vinculación con Poder Judicial o con el gobierno. El Colegio de Magistrados de Salta fue fundado en 1965 y es la asociación de ese tipo más conocida por comunidad. La aparición de una nueva entidad, después de casi medio siglo, puede sorprender, pero resulta útil porque significa que el pluralismo es posible. Y que lo plural no equivale a conflictividad. Pensar diferente no es igual a convertirse en enemigo. La nueva Asociación de Jueces no es un reemplazo de la vieja ni su competencia. Lo reconoce en su acta constitutiva al disponer que ser miembro de la nueva asociación "no será incompatible con la calidad de asociados del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial". Es convivencia plural y pacífica, algo que Argentina parecía haber olvidado.

Pluralidad de asociaciones

Las provincias argentinas, todas y en diferentes años, han ido teniendo sus asociaciones; en 1965 fue el Colegio de Magistrados de Santa Fe, que a la fecha posee cinco delegaciones instaladas en las ciudades más grandes, que depende de aquél Colegio. También en el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires funcionan numerosos colegios de magistrados, se diferencia de Santa Fe en que no son delegaciones sino asociaciones independientes, como el Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Dolores, fundado en 1964 o el de Quilmes, de reciente creación (2014).
También resulta útil que la nueva asociación agrupe solamente a los jueces. Es un reflejo de la separación que establece la Constitución provincial entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, al caracterizar a este último como un "organismo autónomo e independiente" de todo otro poder del Estado. Ocurre que la frecuencia de trato en el ámbito de una asociación civil podría enervar esa delicada independencia o desdibujar ciertos límites necesarios, al crearse relaciones de amistad. La frecuencia de trato es causal de recusación en las causas judiciales y siendo uno de los deberes del Ministerio Público velar por la buena marcha de la administración de justicia y controlar el cumplimiento de los plazos procesales "estando facultado para acusar a los miembros del Poder Judicial ante quien corresponda", la restricción estatutaria de la nueva asociación parece acertada y prudente.
En otros países hay ejemplos de esta pluralidad. España tiene cinco asociaciones diferentes de magistrados. Existen allí la Asociación Profesional de la Magistratura, la más grande con cerca de 1.300 miembros, considerada ideológicamente conservadora, y la muy reducida Asociación Nacional de Jueces.
También funciona la Asociación Francisco de Vitoria, creada en 1984 su padrón supera los 530 magistrados, es la segunda en cantidad de miembros.
No tiene color político pero en enero de 2009 convocó, junto con el Foro Judicial Independiente (de solo 200 afiliados) a la primera huelga de jueces en la historia de España, con el fin de mantener su independencia y combatir la politización de la Justicia. Finalmente está el colectivo denominado Jueces para la Democracia, de ideología progresista, con unos 500 afiliados y casi 35 años de trayectoria.
Sostiene a la Fundación Antonio Carretero, de estudios e investigaciones sobre las relaciones entre la sociedad y el mundo del derecho.
Todas, con distintas miradas, se ocupan de proteger los derechos y las condiciones laborales de sus integrantes y defender la carrera judicial y su independencia.
Y parece que la independencia funciona, si se mide con la vara del juicio seguido a la hija y al yerno del entonces rey Juan Carlos.
Esa neutralidad política demuestra que los jueces, cualquiera sea su ideología, se encuentran sometidos exclusivamente al ordenamiento jurídico.

Asociación de Jueces de Salta

Esa coincidencia de objetivos y la aceptación del pluralismo se advierte también en la Asociación de Jueces de Salta, que preside Luciano Martini y que según los medios cuenta con 104 magistrados sobre los 123 que existen hoy ejerciendo el cargo en la provincia.
Ese pluralismo es también exigido a sí misma por la entidad en sus estatutos, como por ejemplo cuando dispone que todas las actividades serán siempre precedidas "de un sentido pluralista que garantice la participación de las minorías en los órganos de conducción y que brinde la armonía necesaria para recabar el consenso y atender el disenso con la más estricta libertad".

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