Con jurisdicción sobre un territorio de 17.000 kilómetros cuadrados, el fiscal Armando Cazón se dedica hace poco más de un año a investigar la realidad de la frontera norte de la provincia.
En diálogo con El Tribuno, el funcionario llamó la atención sobre lo que definió como un "combo" que incluye drogas, alcoholismo, violencia de género en la zona y delito organizado. El fiscal pidió soluciones para la violencia de género, como implementar pulseras electrónicas para los acusados y tener un registro de agresiones a mujeres. Además, manifestó preocupación por el narcotráfico y la trata de personas. "Se ha visto a gente con armas con rayos láser. Esas cosas ocurren en la frontera porque Bolivia tiene la posibilidad de recibir mucha tecnología", describió.
"Tenemos una cultura mal entendida de que el hombre, como tiene la fuerza física, tiene necesariamente el poder y el control", fue otra de las frases del fiscal.
¿Cómo analiza el problema de la violencia de género en el norte de la provincia?
Los casos se fueron multiplicando. Tengo un índice alto de gente detenida por violencia de género. Las personas sobre las cuales me interesó la detención fueron más de 200 entre narcotráfico, violencia de género, abusos sexuales en sus distintos matices, robos y hurtos. Tengo una competencia que va desde el microtráfico hasta los homicidios, pasando por el tema de violencia de género. Es muy amplio. El punto es ver cómo hacemos que la violencia de género baje. Hace varios meses que vengo hablando sobre el tema de las pulseras electrónicas. Mendoza ya las instrumentó.
¿Cómo funcionan?
Hay una diferencia entre el botón antipánico y la pulsera. El botón es importante pero es eficaz hasta cierto punto. Si una mujer está en su casa y ve al agresor, lo acciona. Entonces llega el 911. El punto es cuántas veces se logra que eso ocurra a tiempo. Si está desprevenida, dormida o atendiendo a los chicos... cuando presiona el botón ya tiene al agresor encima.
A la pulsera electrónica la tienen que tener puesta el hombre y la mujer. Tiene un chip y sirve para controlar si se cumple la prohibición de acercamiento. Con solo monitorear, apenas el agresor pasa un metro el límite impuesto, salta una alarma. Entonces hay tiempo para llegar. Algunos creen que la debe tener solo el imputado. Para mí no debe ser así, para que la mujer no esté esclavizada dentro de la casa y pueda salir a trabajar, acompañar a sus hijos o lo que tenga que hacer. Si la tienen los dos, cuando se acercan en cualquier lugar de la ciudad, salta una alarma. Me reuní con la ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, para transmitirle que esta se una de las medidas que creo que hay que tomar. Eso es lo que percibo como fiscal. De esa manera se daría una baja en el índice de femicidios y agresiones.
Después de la marcha Ni una menos, la Corte Suprema de Justicia implementó un registro de femicidios. Me parece que es un paso importante pero es casi una falta de respeto que se cuente cuántas personas murieron por la imprevisión que no evitó que eso sucediera. Eso es importante pero simplemente como una estadística para ver qué juez no cumplió, cuántas veces denunciaron y el fiscal no investigó o el Estado no miró. Si hacemos un registro de los femicidios, es sobre los hechos consumados. Es mucho mejor trabajar desde la prevención. ¿Qué significa? Tener un registro desde la agresión. Si se hace eso, sabemos quién es el violento, dónde está y qué hace.
Entonces podemos determinar, por ejemplo, que use una pulsera electrónica y evitamos el homicidio.
¿Cree que en el norte de la provincia el tema de la violencia de género se asocia con el de las drogas?
Es todo un combo que va desde la droga, el alcohol y la cuestión cultural. Las cuestiones culturales atraviesan a todos los estratos. Tenemos una cultura mal entendida de que el hombre, como tiene la fuerza física, tiene necesariamente el poder y el control. Yo, ante una mínima cosa, decido que queden detenidos. Otro punto es que, cuando se llama al 911, en ciudades relativamente grandes, tarda.
Tiene que haber una unidad especial destinada exclusivamente al tema de la violencia de género. Para que eso ocurra tiene que haber un número de teléfono y hay que ponerlo en los taxis, los remises, paradas de colectivo, hospitales y en todos los lugares públicos. Eso es prevención. Otro tema importante es que a la denuncia la tiene que tomar el personal femenino de la Policía. Yo hablé con muchas víctimas y me cuentan que, cuando van a denunciar, dicen la tercera parte de lo que en realidad pasó.
Los fiscales, que somos los que investigamos, tenemos que conocer toda la realidad para poder decidir. Entonces sí podemos actuar. También hay que tener un refugio para las víctimas y darles apoyo económico desde el Estado.
¿Cree que el problema es mayor en el norte?
En realidad creo que es un problema a nivel nacional. En la interpretación que hacemos los fiscales tenemos que ser rigurosos. Cada situación es diferente. Uno tiene que leer qué puede pasar o no. No hay posibilidad de cometer errores.
Nosotros bajamos los índices porque no reinciden los mismos, salvo excepciones. Hay gente que empieza a ver que hay conductas que no debe repetir. En cuanto a la violencia de género, como en cuanto al delito en general, hay una responsabilidad de todos: el Estado, la familia, los colegios, las sociedades intermedias, las vertientes religiosas. Tiene que haber un compromiso cultural en serio. Creo que todavía no se tomó conciencia de lo grave que es la situación.
¿Qué le parece la decisión que tomó el Gobierno de declarar una emergencia provincial por la violencia de género?
Yo creo que todo suma. Por supuesto que es importante que se declare una emergencia porque es una alerta y se designan distintos presupuestos para hacer cosas. Eso es bueno.
No podemos creer que todo se soluciona con meter preso a todo el mundo. Podemos hacer mil cárceles en el país y eso no soluciona nada. El tema es que no llegue la gente a las cárceles. Trabajar en deporte, educación, proyectos y alternativas.
¿Hay registros sobre la trata de personas en el norte?
Estamos en una zona muy compleja. Con el juzgado federal tenemos contacto muy seguido. Lamentablemente la gente vinculada al narcotráfico aprovecha la necesidad. Usan a los chicos. Primero les dan droga gratis para que pasen a depender de ellos y después vendan. Lo mismo ocurre con el tema de la trata. Va acompañado del alcohol y la droga. En estas organizaciones, solo existe el lucro y no el sentimiento.
Hace poco, en Salvador Mazza encontraron a seis personas disfrazadas de policía federal. Eso es un caso que se está investigando. También se ha visto a gente con armas con rayos láser. Esas cosas ocurren en la frontera porque Bolivia tiene la posibilidad de recibir mucha tecnología.
Tuvimos muchas condenas por microtráfico. También mucha gente en consumo. Cuando uno analiza las razones, se ven familias en conflicto, gente que no trabaja, chicos que dejaron los estudios y gente que, en vez de estudiar, está viendo cómo conseguir dinero. Es también un tema cultural.
¿Qué opina de la idea de despenalizar el consumo?
Soy un ferviente opositor. Me parece que es un desatino y hacerle el juego al narcotráfico. Cuando las personas entran en el alcohol y a las drogas, no deciden. Las drogas deciden. Eso se ve en los delitos. Soy un convencido de que no se debe liberar la marihuana o la cocaína.
¿Cuántas denuncias por violencia de género llegan a su fiscalía?
La jurisdicción es muy grande. Pero la violencia de género, es la que más casos tiene en proporción con los demás delitos. Diría que un 40 por ciento de la gente que queda detenida, es por temas de violencia de género. Es permanente. Y un porcentaje muy importante es de hombres que se alcoholizan o están drogados.

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