Familias campesinas de Morillo sufrieron el pasado miércoles 15 violentos atropellos en sus posesiones. La orden habría llegado vía judicial, por una causa que inició la empresa Doble Zeta, y transgredió una ley de regularización dominial vigente.
A 30 kilómetros de Morillo, en El Chañar, familias campesinas sufrieron toda clase de turbaciones. Allí, hombres y máquinas, acompañados por unos 70 policías de Infantería, destruyeron alambrados, potreros, corrales y hasta una vivienda.
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El caso fue denunciado en la sesión del martes por Jesús Ramón Villa, diputado de Rivadavia y autor de la ley 7658, de regularización dominial, que prohíbe el desalojo de familias campesinas hasta fines de 2017.
La orden habría sido librada por un juez subrogante, Hugo Ruiz, a instancias de Estela Isabel Illesca, secretaria del juzgado de Claudia Yance, quien se encontraba ausente.
Como consecuencia de la destrucción de cercas y corrales, las familias de la zona perdieron animales de cría. Uno de los afectados, Víctor Orquera, denunció que fue privado ilegítimamente de su libertad durante más de 12 horas.
A Victoria Cruz, otra lugareña que se encuentra internada en una hospital de la ciudad de Salta con un delicado cuadro de salud, junto a su hijo, le tiraron abajo su vivienda.
'Quiero justicia, sólo hay justicia para el que tiene plata. Necesitamos vivir tranquilos. Esta es la casa de mi hermano y quedó bajo tierra", expresó Benjamín Orquera, otro de los damnificados.
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Ayer, el diputado Villa anticipó que hoy requerirá los informes correspondientes a las actuaciones judicial y policial con carácter de urgente.
"No se puede tolerar este tipo de atropellos contra familias que acreditan legítimos derechos posesorios en las tierras que habitan desde hace tres, cuatro e incluso más generaciones", puntualizó el legislador.


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