La casa del dirigente social y sindical Carlos "el Perro" Santillán fue atacada por delincuentes que ingresaron y robaron objetos de valor, por lo que la víctima denunció que los responsables pertenecen a la "narcopolítica" e indicó que no lo van a callar.
"No me van a hacer callar. No nos han hecho callar durante estos doce años en que vivimos una dictadura en Jujuy. Ahora, menos nos van a callar", dijo Santillán en declaraciones televisivas, consultado sobre el ataque y robo a su casa.
"Yo les diría a los cobardes que hicieron eso en mi casa que den la cara", completó e insinuó que los autores del robo podrían ser hombres vinculados con la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida desde hace un mes y una semana, acusada de haber cometido delitos de corrupción contra el Estado jujeño.
"Yo dije públicamente que ella está relacionada con el narcotráfico. Lo sigo insistiendo y estoy a disposición de la Justicia (para ratificarlo)", sostuvo Santillán.
En declaraciones a la prensa local, el dirigente señaló que este hecho no es un "simple caso de inseguridad" sino que es una respuesta de la "narcopolítica" a las denuncias que él realizó en las últimas semanas.
"Estoy con mucha bronca, entraron a mi casa y robaron... revolvieron todo. Debe ser por mis denuncias a la narcopolítica", escribió luego el dirigente jujeño en su cuenta de la red social Twitter.
El hecho trascendió este domingo pero ocurrió durante el sábado, cuando al menos dos delincuentes arrancaron una de las rejas de la vivienda ubicada en Tilcara e ingresaron y se llevaron hasta un freezer y un equipo de música tipo minicomponente.
Investigarán a De Vido
El fiscal de estado de Jujuy, Mariano Miranda, advirtió que en la investigación sobre una presunta asociación ilícita de Milagro Sala y fraude con fondos públicos se revisa también una mecánica donde el Ministerio de Planificación Federal, en ese entonces a cargo de Julio De Vido, otorgaba una redeterminación de precios por obras hasta un año después de finalizada la construcción.
Miranda señaló que las organizaciones que responden a Sala han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos y consideró poco probable que se haya hecho todo esto sin aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional.

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