Parece que todo vuelve a comenzar en la investigación sobre la violación a la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra, denunciada el 28 de noviembre de 2015. El fiscal penal Pablo Cabot, reemplazante del desplazado Armando Cazón en la causa, ordenó una serie de pericias a fin de esclarecer el abuso, por el que están imputados cinco jóvenes (cuatro están detenidos y uno prófugo) y tres adolescentes.
Una de las acciones que dispuso el funcionario del Ministerio Público es la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la bebé de siete meses que gestaba la niña como producto del abuso sexual, que falleció el 3 de junio por una anencefalia, a los pocos minutos de que se le practicara una cesárea a su prematura madre. El examen será efectuado por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la morgue judicial.
Cabot pidió las medidas de prueba el jueves pasado, un día después de que fuera designado por el procurador general, Pablo López Viñals. El anterior fiscal fue separado tras cuestionamientos a su investigación presentados por el juez del caso, Héctor Mariscal Astigueta, y el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor hasta hace días atrás de uno de los adolescentes acusados. Según fuentes judiciales, el letrado es hermano de la jueza Sandra Sánchez, quien atiende la situación de los menores de edad imputados por el abuso, quienes permanecen en libertad.

Investigación

Otra de las pruebas solicitadas por Pablo Cabot fue la remisión del legajo de tramitación de la matrícula del médico de nacionalidad boliviana Juan Carlos Limache Mamaní. El profesional fue quien certificó la violación de la niña, pero, por no tener revalidado su título en Argentina, su examen fue firmado por el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamente, que es bioquímico.
Por esa irregularidad, el juez Mariscal Astigueta había dispuesto la liberación en marzo pasado de los cinco imputados adultos, cuya recaptura fue solicitada, tras la trascendencia nacional del caso, en las primeras semanas de este mes.
El esclarecimiento de la situación del médico Limache Mamaní cobra relevancia por una de las tareas que la Procuración le asignó al fiscal, que es determinar las posibles responsabilidades de los operadores, del fuero judicial y estatal, que no implementaron la guía para víctimas de abusos sexuales, en la que se incluye la posibilidad del aborto no punible. En esa línea están incluidos organismos del Poder Judicial, del Ministerio Público, como la Defensoría General y la Asesoría General de Incapaces, y los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Justicia.
Organizaciones civiles, entre ellas el Inadi, denunciaron la inacción de esas dependencias del Gobierno. Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó auditorías sobre esas áreas, de las que todavía no hay novedades.
En la renovada investigación de la fiscalía se efectuará una inspección ocular en el lugar donde la niña fue abusada hace siete meses.
Se ordenó, además, la extracción de muestras de ADN a los imputados, para cotejarlas con las pruebas genéticas de la bebé fallecida, medida que ya había sido solicitada por Cazón. Informes psicológicos sobre los acusados también serán incorporados a la causa.
Asimismo, se dispuso la declaración testimonial de seis testigos, entre ellos la del médico de nacionalidad boliviana y de familiares de la víctima.

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