La reforma procesal penal en la Justicia Federal se empezará a implementar en Salta, Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego, y paulatinamente se irá aplicando en el resto de los distritos. En ese contexto, ayer se lanzó en Salta un curso organizado por la Escuela de la Magistratura nacional para capacitar a agentes judiciales de provincias del norte.
Fundamentalmente, la reforma implica el cambio del sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, que no hace otra cosa que fortalecer el rol de los fiscales en los procesos de investigación, al tiempo que sitúa a los jueces solo como árbitros de las causas. Serían los fiscales quienes instruirían las acciones de pesquisa, coordinando sus tareas con la Policía y otros órganos que consideren competentes.
En la Justicia local ya está en vigencia tal sistema, y por ello fue designada como uno de los distritos donde se empezará a ensayar la implementación federal. El curso inaugurado ayer, es uno de los pasos que el Gobierno nacional se propuso como parte del proyecto de reforma.
Se dividirá en cuatro encuentros de diez horas reloj cada uno y contará con la participación de funcionarios, jueces, fiscales y miembros de las justicias federales de Salta y Jujuy. El programa de temas fue elaborado por la Escuela de la Magistratura y los encargados de dictarlo serán especialistas del ámbito local, como Pablo López Viñals, Procurador de Salta y Abel Fleming, juez de segunda instancia. También formará parte de los capacitadores el magistrado Alejandro Castellanos, titular del Juzgado Federal N§1 de Mar del Plata. La idea es que estos cursos sean en preludio de la efectiva implementación, con lo cual, una vez concluidos se llevaría a cabo la introducción del sistema acusatorio.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, conjuntamente con su equipo, el Consejo de la Magistratura y la comisión bicameral específica, resolvieron poner en marcha la reforma pero hacerlo de forma gradual. Es por ello que se la reglamentará primero en algunos distritos y se irá ampliando su alcance de manera paulatina. Según dijo a El Tribuno Juan Bautista Mahíques, representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, estiman que en siete años se terminará de aplicar la reforma en todo el país.

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