La Cámara Federal confirmó ayer el otro procesamiento con prisión preventiva por lavado de dinero sobre el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y el abogado Jorge Chueco, por la maniobra por la cual ingresaron al país unos 208 millones de pesos, al tiempo que reiteró su reclamo al juez federal Sebastián Casanello para que avance la investigación sobre la expresidenta Cristina Kirchner.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal confirmó el otro tramo de la acusación por la cual está detenido Báez, a raíz de la transferencia que hizo la firma suiza Helvetic Group Service en las cuentas de Austral Construcciones.
En paralelo, la Policía Federal informó que no encontró pruebas de la presencia del juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos durante septiembre de 2015, tal como dijo Lázaro Báez.
Según el informe, no existen registros fílmicos de la presencia de Casanello en Olivos: ya declararon siete mozos de la residencia presidencial, quienes dijeron que no recordaban haber visto al juez.
El magistrado ordenó ayer una quincena de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país en el caso que investiga a Báez e implantó el secreto de sumario.
En su fallo, la Sala II del Tribunal le volvió a reclamar a Casanello que avance sobre el "acuerdo de voluntades" entre Báez y su grupo económico y los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la realización de negocios con dinero estatal.
"Esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades puntuales que pudieron o no haber acaecido en cada contrato de obra pública", indicaron.
El tribunal también ratificó los procesamientos del presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y el apoderado del Grupo, Claudio Bustos, por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de 32.800.000 dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública.

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