El Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto de promulgación de la ley de reparación histórica a jubilados y pensionados, sancionada por el Congreso el 29 de junio pasado, que habilita además un nuevo blanqueo de capitales no declarados.
El punto clave del megaproyecto es el Régimen de Sinceramiento Fiscal detallado en el Libro II de la Ley 27.260, que establece un "sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior".
El nuevo blanqueo de capitales, que según la norma estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017, permite, entre otras cosas, la declaración de tenencia de moneda nacional o extranjera; inmuebles; muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares y demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.
"Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación de la presente ley en el caso de bienes declarados por personas humanas y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1º de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas", detalla la Ley.
Tal como estaba previsto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dirigida por Alberto Abad tendrá una responsabilidad mayor por cuanto ejercerá el control de las cuentas de argentinos en el exterior. De esta manera se cumplirá lo que viene prometiendo el presidente Mauricio Macri, en los últimos discursos: es la última oportunidad para blanquear capitales.
Uno de los capítulos más polémicos que quedarán claros en la reglamentación que el Gobierno publicará en los próximos días es que la información que maneja la AFIP de parte de los que acepten el blanqueo no sean compartida con otras dependencias del Estado. O que si son compartidas, éstas no sean públicas. El problema, crónico cada vez que un Gobierno decide avanzar con un blanqueo impositivo, surge a partir de la obligación que tiene el organismo recaudador de informar a reparticiones como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) los movimientos financieros sospechosos. Obviamente, en un llamado a blanquear capitales este tipo de operaciones se multiplican debido al crecimiento en la declaración de divisas fuera del sistema que se van registrando ante la AFIP. En tiempos normales, cualquiera de estas situaciones son informadas a requerimiento de la UIF o la Procelac sin mayores problemas, ya que el organismo sólo computa cuestiones tributarias.
Las resoluciones de la AFIP que comenzarán a publicarse desde la próxima semana permitirán que el Gobierno pueda tener al menos cinco meses de vigencia del llamado. Se supone que en un principio habrá problemas de funcionamiento y que el régimen tomará fuerza hacia la segunda quincena de agosto, y que entre septiembre y octubre ya estará en plena marcha. Y que para fin de año será la época de mayores ingresos. Se piensa en una estrategia de acción pública y otra directa. Por un lado, se hará propaganda pública para interesar a los potenciales "clientes" del blanqueo. Pero además habrá comunicación directa con los eventuales tenedores de dólares y divisas sin declarar para informarlos sobre el llamado, y advertirles que desde 2017 el Gobierno podrá detectar sus posesiones, especialmente en el exterior.
El fracaso anterior
El anterior blanqueo, entre 2013 y 2015, tenía instrumentos muy acotados (como el Cedin y el Baade), solo permitía blanquear divisas (no pesos) y obligaba a ingresar el dinero del exterior. En este caso, el menú es más amplio y no exige el ingreso de las divisas al país, sin un costo extra. Esperan recaudar entre los US$ 20.000 millones y los US$ 60.000 millones, frente a los US$ 2500 millones captados anteriormente.

Megaproyecto exclusivo para los jubilados

Fundamentalmente, la iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional por tres años, con el objeto de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, que según los datos oficiales alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron.
Los acuerdos podrán celebrarse "en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado", a la vez que establece que los convenios "deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de las partes", según la norma.
En tanto, se creará una Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para analizar los casos "no contemplados en los acuerdos transaccionales".
Otro de los puntos importantes del megaproyecto sancionado el mes pasado es la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, "que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto".
Otros beneficios
Con respecto a los jubilados, el Título III de la Ley crea una Pensión Universal para el Adulto Mayor, que será de carácter vitalicio y no contributivo, para todas las personas de 65 años o más, que no perciban ningún otro tipo de beneficio social.
La nueva pensión "consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente al 80% del haber mínimo" jubilatorio, que se actualizará a través de la ley de movilidad que establece dos incrementos al año.
Uno de los cuestionamientos que hizo la oposición, principalmente el Frente para la Victoria, tiene que ver con el Título IV de la norma, que establece que para el pago de los juicios puedan afectarse los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Las claves del proyecto

1) A partir de 2017, comenzará a intercambiarse información fiscal con 55 países, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, Barbados, Luxemburgo y Seychelles. Y a partir de 2018 se incorporarán otras 27 naciones, como Suiza, Singapur, Rusia, China y Japón, mientras que desde 2019 otros 19 países adherirán al compromiso, entre ellos, Uruguay, Panamá y Brasil. Se espera que también adhieran los Estados Unidos.
2. El régimen estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017.
3. Pueden adherir personas físicas y sociedades, inscriptas o no ante la AFIP. Se podrán blanquear los bienes que se encuentren a nombre del cónyuge, familiares directos o terceros, pero en estos casos los bienes deberán registrarse luego con el nombre de la persona que ingresó al blanqueo.
4. Están incluidas las participaciones societarias en empresas, derechos como beneficiarios de fideicomisos, cuotapartes de fondos comunes de inversión, ADRs de empresas argentinas que coticen en el exterior, bonos, obligaciones negociables y otros instrumentos financieros.
También bienes muebles e inmuebles; acciones; bienes de cambio; créditos y aportes de capital, y demás bienes, como por ejemplo objetos de arte, los pasivos no identificados y las mercaderías no declaradas.
5. No se pueden exteriorizar moneda y/o títulos valores en el exterior depositados en jurisdicciones o países de alto riesgo o no cooperantes, identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la actualidad estos países son Corea del Norte e Irán.
6. Es obligatorio reportar todos los bienes existentes de la persona física.
En el caso de que la AFIP detecte que quedaron activos ocultos, no sólo se perderán todos los beneficios del sistema, sino que el contribuyente será penalizado con el pago de todas la multas desde el origen de la tenencia.

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