La confirmación oficial de que uno de cada tres argentinos es pobre parece haber acercado al Gobierno, la CGT y los empresarios para sentar las bases de un demorado acuerdo social y productivo. Esa búsqueda de consensos, a la que el Poder Ejecutivo apostó de manera aleatoria pero no institucional, ahora tiende a formalizarse en una mesa de trabajo tripartita con objetivos de corto, mediano y largo plazo.
El primer paso será la configuración de un esquema de compensaciones de fin de año que incluirá la exención del pago de ganancias del medio aguinaldo de diciembre y un bono para jubilados y desocupados. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, confirmó que se estudia también pagar una compensación "para los salarios más bajos" del sector público. También habrá una convocatoria a empresarios para ver cómo se pueden implementar esos beneficios para el sector privado. El Gobierno se comprometió a satisfacer con "lo más que se pueda" a los pedidos de la CGT reunificada en la reunión que mantuvieron el jueves en el Ministerio de Trabajo.
A ese encuentro los sindicalistas llegaron con un paro lanzado desde hacía unos días pero con pocas ganas de concretarlo, de acuerdo con fuentes de ambos sectores, y de movida, ni siquiera plantearon que el Gobierno avale una reapertura de paritarias.
En ese encuentro quedaron bien expuestas las caras del Gobierno para el diálogo social y político. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se ocupan del día a día con los gremios. Quintana también asiste al jefe del área de Producción, Francisco Cabrera, con los empresarios. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se encarga de consensuar con los gobernadores -el nuevo esquema de Ganancias tendrá esa base de apoyo- y Prat Gay busca afinar los números sin disparar el gasto.
Cero en pobreza
Un día antes el Indec había oficializado que el 32,2% de la población argentina es pobre, con el agravante de que alcanza al 47% de los chicos argentinos, y que el 6,3% vive en la indigencia, niveles que obligan a una reflexión general.
Existe un consenso de que el kirchnerismo no eliminó la pobreza aún con la universalización de la ayuda social y que además la escondió, mientras que el macrismo la agravó en sus primeros meses en el poder (la UCA había revelado que desde diciembre a agosto había 1.400.000 nuevos pobres en el país).
La magnitud del problema impulsó a la Iglesia a llamar la atención al Gobierno sobre la situación social y también a extremar el diálogo.
Pero la intención oficial es que esa mesa de trabajo no se limite a los obsequios navideños, sino montar una hoja de ruta para avanzar en el Plan Productivo Nacional, que el propio Quintana se ocupa de presentar a empresarios y sindicalistas.
Ese programa, basado sobre el modelo de desarrollo australiano, tiene ocho pilares de mediano y largo plazo con el objetivo final de que la Argentina crezca y sea más competitiva sin una caída del poder adquisitivo del salario.
Para ello se debe trabajar en herramientas que conduzcan a una mayor productividad empresarial. Pero no es sencillo, porque algunas de las medidas anunciadas pusieron en alerta a sectores gremiales tradicionales y sobre todo a los más combativos.
El Gobierno espera que del diálogo social surja el aval del movimiento obrero para reformar la Ley de Riesgos del Trabajo -vinculada a la necesidad de bajar el alto nivel de litigiosidad que enfrentan las empresas- y una ley de primer empleo que otorgue exenciones para quienes tomen a jóvenes de hasta 25 años.
Además de la pobreza, el otro factor que está jugando en todo este proceso es el de las expectativas. Las encuestas indican que las figuras del oficialismo mantienen una relativa popularidad y que la confianza sobre un porvenir más próspero se mantienen.
El Gobierno puede compensar los números fríos de la recesión -esta semana se conocieron nuevos datos negativos de agosto de la construcción y la industria- con una serie interminables de elogios del ámbito internacional.
El último de ellos fue del FMI que concluyó el jueves su primera misión de revisión integral en diez años. Luego de haberse reunido con representantes de distintos sectores de la economía, el Fondo emitió un comunicado con un fuerte respaldo a las medidas adoptadas por Macri, sin pedir un ajuste inmediato.
La Argentina mantiene un alto nivel de déficit fiscal que el Gobierno desistió de reducir drásticamente, sobre todo teniendo en cuenta los coletazos del ajuste en la economía y el clima social (inflación y tarifas). Pero está financiando ese déficit con deuda, un esquema que no puede volverse permanente.
Los burócratas del Fondo dijeron que "la corrección de los graves desequilibrios y distorsiones" de la economía es necesaria para "sentar las bases de un sólido crecimiento", pero produjo "un impacto adverso en el corto plazo sobre la economía argentina".
Y remarcaron que "la velocidad de estas medidas, así como la composición del cambio de la situación fiscal deberán tener en cuenta el impacto en el crecimiento, el empleo y los segmentos más vulnerables de la población argentina".
Así las cosas, el gobierno de Cambiemos espera que las decisiones adoptadas empiecen a impactar positivamente en la actividad -ahora se habla del último trimestre del año- para encaminar con algún resultado el diálogo político.
En ese contexto, los armadores electorales buscan fortalecer las bases de Cambiemos para 2017. Una multitudinaria reunión con intendentes en Tecnópolis el viernes tuvo ese solapado objetivo sobre todo ante el millar de jefes comunales vecinalistas que le pueden construir una nueva capilaridad al oficialismo nacional.

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