Como pudimos observar durante las últimas semanas, paradójicamente, pareciera haberse institucionalizado la falta de respeto hacia la institucionalidad, valga la redundancia, al haber sido ésta la transición presidencial más ríspida y bochornosa que se haya conocido en la historia argentina, seguida muy de cerca en esta última caracterización por el capítulo "cinco presidentes en una semana".
Condimentos de una ensalada
El traspaso de mando ha comprendido condimentos tales como: un centenar de leyes aprobadas en un día; una resolución judicial para que se declare la hora exacta del mandato saliente; acusaciones de tentativa de vaciamiento del Estado Nacional de un lado contra acusaciones de tentativas de golpe de Estado del otro -no sabemos si la referencia de "golpismo" se hizo con la intención de identificar al nuevo presidente con la derecha nacional más recalcitrante, o si fue dirigida al "Partido Judicial" (CFK dixit) por haber suspendido la devolución de fondos coparticipables ordenada en un decreto de necesidad y urgencia; inasistencia de la jefa de Estado y de muchos de los representantes del pueblo a un acto de trascendencia institucional nacional, regional e internacional; falta de recibimiento protocolar al momento del arribo de figuras de la política exterior de la talla del Rey Juan Carlos I de España; entre otros.
El traspaso virtual
La gota que ha rebalsado el vaso del bochorno, no obstante, ha sido la negativa de un "traspaso virtual" de las cuentas o perfiles oficiales de Twitter y Facebook, contienda que ha despertado una inusitada atención en los medios locales, nacionales e internacionales.
Cabe recordar que la polémica se inició cuando se modificara de manera imprevista la biografía de la cuenta de Twitter "@CasaRosadaAR", describiendo que esa cuenta era desde ese entonces el "Twitter de las presidencias Néstor Kirchner y Cristina Kirchner 25 de mayo 2003 al 10 de diciembre 2015. No oficial al 10/12/2015", de lo cual se infirió una negativa de continuar informando actos del nuevo gobierno.
El tema en discusión puede ser a priori frívolo en el contexto antes descripto. No obstante, reviste aristas interesantes si se plantea desde un enfoque jurídico y político, siempre que consideremos que los perfiles en las redes sociales son bienes intangibles, que tienen un gran valor como canales de comunicación para informar actos de gobierno, políticas y demás información que atañe a la "cosa pública".
¿Bienes intangibles del Estado?
El primer aspecto a considerar sobre estas cuentas en particular es que se tratan de "cuentas verificadas", es decir, perfiles cuya autenticidad de la identidad de individuos y/o instituciones y/o marcas ha sido verificada por los proveedores del servicio de red social.
El quid de la cuestión es que estas cuentas verificadas, se encontraban vinculadas a la "Casa Rosada", inclusive en Facebook, bajo la categoría de "Organización Gubernamental".
Cabe agregar que, al 10 de diciembre, y luego de la repercusión mediática del tema, no obstante, la categoría atribuida en Facebook es la de "Comunidad", mientras que en Twitter, la cuenta ha dejado de ser una cuenta verificada para ser una cuenta que se describe como "tributo" a las presidencias de Néstor y Cristina.
La gran pregunta que surge entonces es si dichos perfiles pueden ser considerados "bienes intangibles del Estado".
Una primera aproximación nos podría dar una respuesta negativa, dado que, si bien estamos en presencia de un bien intangible, no corresponde atribuirlo al patrimonio del Estado por el solo hecho de que un proveedor de red social atribuya autenticidad a la identidad de la organización. En este sentido, la relación que tiene el proveedor con el usuario es meramente contractual y los términos y condiciones que se imponen, más allá de que contengan algunas cláusulas absurdas y nulas para el Derecho Argentino, no deja de ser "ley para las partes", pero bajo ningún aspecto, ley en sentido formal, que implique una adquisición de un bien dentro del dominio público o privado del Estado según la legislación vigente.
Herramientas comunicacionales de información pública
Ahora bien, el tema también admite matices en su interpretación si se considera que, por ejemplo, el dominio de Internet "casarosada.gob.ar", el cual ha tenido un "traspaso virtual" pacífico, es un bien del Estado, dado que efectivamente es propiedad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según informa NIC Argentina, organismo bajo la órbita de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet, que tiene la responsabilidad de administrar el registro de nombres de dominio ".ar".
Cabe preguntarse, sin embargo, si a los fines de servir como una herramienta de comunicación del Estado, un dominio de Internet, el cual se adquiere mediante un registro no constitutivo de derechos, no es en esencia lo mismo que una cuenta en una red social verificada por un tercero, el cual, también lleva un registro de las cuentas oficiales a través de un procedimiento que da fe de la identidad de la persona o institución a la que se vincula la cuenta.
Más allá de que las cuestiones estrictamente jurídicas son materia de opinión e interpretación, entendemos que es innegable que, desde lo político y mucho más desde el sentido común, las cuentas oficiales en las redes sociales deberían pertenecer al Estado y no al Gobierno.
Se trata, al igual que los dominios de Internet, herramientas institucionales de comunicación necesarias para garantizar valores democráticos de alta jerarquía como la transparencia de los actos de gobierno, el derecho a estar informados, al acceso a la información pública, entre otros.
El mayor ejemplo a nivel internacional que da fuerza al argumento de la importancia de las redes sociales como instrumentos democráticos es la utilización por parte de Obama en su campaña presidencial de 2008 con el fin de adquirir popularidad a través de un vínculo particular con generaciones jóvenes y ajenas a involucrarse en política. Tal fenómeno, a nivel local fue advertido por Macri y sus asesores, donde la presencia virtual fue una parte importante de sus políticas comunicacionales de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, e inclusive en su campaña presidencial.
¿Cuentas claras?

No sabemos a ciencia cierta cuál será el próximo capítulo del culebrón de las cuentas oficiales, es decir, si seguirán "privatizadas" por los administradores designados del gobierno saliente, quienes, nobleza obliga, son sus legítimos creadores y desarrolladores de su contenido; si seguirán existiendo como "tributo" a las presidencias de Néstor y Cristina, como efectivamente subsisten para evitar su cierre por incumplimiento de los términos y condiciones; si los proveedores del servicio les quitarán la verificación como "cuentas oficiales", o si finalmente se hará "borrón y cuentas nuevas", como lamentablemente, parecería inferirse de los gestos de mezquindad políti ca que vimos en el último tiem po.

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