La comisión de juicio político del Senado brasileño aprobó ayer por 14 votos contra 5 y giró al plenario de la Cámara Alta el informe que recomienda la destitución del cargo de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, por supuestas irregularidades en la distribución de recursos del presupuesto 2015.
En una sesión con muchos gritos, nervios e interrupciones, los senadores discutían sobre la legalidad del informe, calificado como "fraude" y "golpe" por parte del Partido de los Trabajadores y aliados. "Esperemos que después de este proceso existan chances para pacificar el país", dijo Raimundo Lira, titular de la comisión especial de impeachment, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), el mismo del presidente interino, Michel Temer, vicepresidente de Rousseff que se pasó a la oposición y apoya el juicio político. El informe acusatorio realizado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado del interinato de Temer, indica que Rousseff incurrió en "ataque a la Constitución" por valerse de decretos de contingencia presupuestaria sin autorización del Congreso y de reorganizar partidas de dinero para hacerle frente a los programas sociales agrícolas.
"Este proceso es una farsa, un proceso golpista de los que perdieron las elecciones desde 2002; se está juzgando a una presidenta inocente en base a supuestas irregularidades contables que ni siquiera eran responsabilidad de ella", dijo el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT). Para destituir a Rousseff el Senado deberá contar con al menos dos tercios (54 votos de los 81 senadores), un número difícil de evitar para la mandataria ya que con 55 votos fue suspendida del cargo el 12 de mayo, cuando Temer asumió.
El PT, el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), más la exministra de Agricultura Katia Abreu, del PMDB, fueron los defensores de Rousseff en la comisión, que terminó sus trabajos tras cien días, en plena crisis política en el país. El próximo martes el plenario del Senado se reunirá para acoger el documento votado en la comisión tras cien días de sesiones y el proceso deberá finalizar el 29 de agosto.

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