Ya no se discute qué pasará con Dilma Rousseff, sino qué sucederá después de su caída. El escenario aparece abierto a dos opciones: la asunción del vicepresidente Michel Temer, un político veterano, experto en triquiñuelas, de confesión evangélica y reputado como un alto dignatario de la influyente masonería brasileña, que gobernaría hasta la finalización del mandato de Rousseff, o la convocatoria a elecciones anticipadas, que algunos quieren hacer en octubre de este año.
El desprestigio de Temer en la opinión pública conspira contra la gobernabilidad. El Partido de los Trabajadores (PT) anunció que no consentirá mansamente su desalojo del poder y anticipó una oposición despiadada a un gobierno surgido de lo que califica de "un golpe de estado".
La alternativa de las elecciones anticipadas podría precipitarse si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza en la declaración de nulidad de los comicios de 2014, a partir de la constatación de que la campaña del binomio Rousseff-Temer fue financiada con fondos de los sobornos de Petrobras.
Las encuestas indican un ascenso de Marina Silva, la candidata "outsider", de raza negra, de origen humilde, ex empleada doméstica, militante ecologista y exministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de Lula, que salió tercera en las elecciones en las que Rousseff derrotó, en la segunda vuelta y por apretado margen, a Aecio Neves, candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), principal fuerza de oposición, hoy alcanzado también por las denuncias de corrupción. Silva canaliza hoy el hondo descontento popular con el conjunto del sistema político brasileño.
Un modelo agotado
Pero el trasfondo estructural de lo que sucede en Brasil , más allá de la combinación entre una prolongada recesión y una crisis política, es el agotamiento de un modelo de desarrollo que amalgama el proteccionismo económico con el capitalismo de Estado, fundado en una alianza entre los grandes conglomerados empresarios nacionales con el poder político.
Este modelo de desarrollo, que es también un sistema de poder económico y político, sobrevivió durante décadas de gobierno civiles y militares y se profundizó durante los dos mandatos de Lula y el primero de Dilma Rousseff, para estallar en medio del escándalo de corrupción de Petrobras.
La principal empresa de Brasil y una de las mayores de América Latina, Petrobras quedó en el centro del escenario. La empresa está obligada a privilegiar en sus contrataciones a las empresas nacionales. Las grandes beneficiarias son las firmas locales, cuyos directivos están procesados por pagar millones de dólares en sobornos a los partidos gobernantes.
La piedra angular de la financiación de las grandes empresas brasileñas son los "créditos blandos" del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Las firmas involucradas en los sobornos de Petrobras son clientes importantes del BNDES. El dinero con que contribuyen a la financiación ilegal proviene de la banca pública.
El vínculo entre el BNDES y el empresariado brasileño es estructural. El banco es socio minoritario de muchas de esas compañías. Esto hace que su cartera se concentre en un 60% en las grandes empresas y sólo el 40% restante sea para las empresas medianas y pequeñas.
Durante los mandatos de Lula y Rousseff, el banco creció a un ritmo descomunal. Sus activos se cuadruplicaron desde 2007.
La contrapartida de esa generosidad del BNDES es que sus fondos se ven engrosados con la financiación a bajo costo que recibe de dos fuentes: el Tesoro brasileño y los fondos del seguro de desempleo de los trabajadores. Esto implica una doble transferencia de ingresos, desde los contribuyentes y desde los trabajadores, en beneficio de los empresarios.
A pesar de esta inyección de crédito estatal, Brasil invierte sólo el 17% de su producto bruto interno, un porcentaje inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos. Ese déficit es la causa del estancamiento de la economía, que se refleja en la falta de competitividad del sector industrial, salvo el pujante sector agroalimentario.
Huir hacia adelante
El consenso que se impone en la elite brasileña es que hay que reemplazar el viejo modelo autárquico por una estrategia de apertura, orientada hacia la internacionalización de la economía.
Tanto es así que el gobierno de Rousseff terminó aplicando un programa económico bastante similar al propuesto por Neves, hasta el punto que se da la paradoja que las principales resistencias a la política económica no vienen de la oposición sino de las mismas filas del PT. Nadie imagina que Temer vaya a modificar esa política.
El fenómeno de Silva presenta una singularidad. A pesar de su origen de izquierda, la actual favorita de las encuestas giró hacia una posición económica aperturista. Entre sus asesores hay técnicos y empresarios que la izquierda condena por "neoliberales", entre ellos Maria Alice Setubal, de la familia propietaria del Banco Itaú (uno de los más grandes de Brasil).
Silva, que renunció al Ministerio de Medio Ambiente de Lula criticando las concesiones a las industrias agrícolas y forestales, que a su juicio agredían al medio ambiente, abandonó esas posiciones y ensayó un acercamiento con el sector agroalimentario.
Por eso, la debacle de Rousseff, alentada por el empresariado paulista a través de la poderosa Federación Industrial de San Pablo (FIESP), no genera preocupación en el mundo financiero, sino más bien lo contrario. Las bolsas de San Pablo y Wall Street festejan la desventura presidencial.
La percepción internacional es distinta a la doméstica. Brasil es la séptima potencia económica mundial. Y lo que se visualiza en el exterior es que, al margen de sus vicisitudes, el país avanza hacia una etapa de apertura que impulsará una ola de inversión extranjera y un relanzamiento de su economía en crisis.
En el plano regional, ese re direccionamiento inexorable, unido al colap so del régimen venezolano, implica un replanteo del MERCOSUR, a tra vés de su convergencia con la Alianza del Pacífico, y una consiguiente refor mulación geopolítica en toda América del Sur.

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