Por unanimidad, los ediles aprobaron que el presidente del cuerpo sea actor civil en las causas penales contra el exintendente.
El Concejo Deliberante rosarino en pleno decidió intervenir como querellante sobre las doce causas que pesan sobre el exintendente Sergio Omar Ramos y que aún no tienen resolución en la Justicia salteña.
Los abultados expedientes, que acumulan una serie de pruebas, ya tienen 16 años y, entre otras imputaciones, son por fraude a la administración pública por una importante suma de dinero faltante no justificado de la Cooperadora Asistencial; libramiento de cheques sin fondos y otras enmarañadas maniobras de malversación de dinero público.
Fueron los 9 concejales (todos del justicialismo) quienes dieron su voto positivo para intervenir, es decir que aun los que asumieron integrando la lista del exintendente en las últimas elecciones aprobaron la resolución para que el titular del legislativo municipal, Renato Ramírez, pueda constituirse como actor civil.
"Queremos saber cómo siguen las causas judiciales del exintendente y, si podemos aportar nuevas pruebas para saber la verdad, no vamos a dudar en brindarlas. Estos años de incertidumbre no son buenos y debemos ver el futuro con optimismo. El que cometió un fraude en su desempeño como funcionario debe dar explicaciones y responder en consecuencia. Han pasado los años y todavía no hay certeza si los delitos que se le imputan serán juzgados. La comunidad quiere respuestas de la Justicia para no dilatar esta cuestión" comentó a El Tribuno César Renato Ramírez, presidente del Concejo Deliberante.
En la sesión, la decisión fue tomada sin ningún impedimento, no hubo pronunciamientos ni rechazos. Por el contrario, los nueve concejales levantaron la mano y aprobaron la autorización.
El cuerpo legislativo
Adrián Palacios, Ivonne Hoyos, Diego Tolaba, Damián Puca y Sandra Chocobar llegaron al Concejo compartiendo la estructura política de Ramos y se consideraban opositores al sector que finalmente ganó la Intendencia. Sin embargo, en esta decisión de convertirse en querellantes no tuvieron objeciones. Los restantes ediles que votaron a favor fueron el propio titular del cuerpo, José Gutiérrez, Edith De Pauli, y Marcelo Ozuna, quienes responden a la línea del jefe comunal Ignacio Jarsún.
Ahora se solicitó al tribunal de juicio oral 1 que informe el estado procesal de la causa sobre fraude a la administración pública y se pidió a la Procuración un informe sobre el trámite por la malversación de $2,3 millones en concepto de retenciones indebidas a gremios y Rentas.

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