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Cuando en diciembre de 2015, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, se pusieron en marcha medidas que beneficiaron al campo, la participación del Estado en la renta agrícola descendió inmediatamente casi 30 puntos porcentuales de 94,1 a 66,3% y osciló durante todo 2016 en esa cifra hasta terminar en el 63% este mes. Que el Estado participe del 63% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos -provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación a la soja del 30%- representan 63 de cada 100 pesos que genera de renta (valga la redundancia) una hectárea promedio en la Argentina. La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle lo que insume la producción, comercialización y transporte al valor productivo a precios internacionales.
El 22 de diciembre de 2015 se exaltaba la baja de la participación del Estado en la renta agrícola de casi 30 puntos porcentuales, tras las medidas económicas destinadas a beneficiar al agro, como la eliminación de retenciones a cereales, girasol y los productos de economías regionales, con excepción del complejo sojero. Se explicaba que la "eliminación-reducción de los derechos de exportación que pasaron del 35% al 30% para la soja, del 20% a 0% para el maíz y del 23% a 0% para el trigo y la consiguiente mejora de precios incrementaron la renta agrícola y redujeron la participación del Estado sobre la misma, que fue del 94,1% en septiembre a 66,3% en diciembre de 2015". Pero 66,3% no se alejaba mucho del promedio de años anteriores, donde había mejores precios y un tipo de cambio real mayor. En tanto, la explicación de la actual baja al 63 por ciento, sin moverse de esa franja se encuentra en un incremento del precio disponible del maíz en dólares del 7,6%, un aumento del tipo de cambio del 5% y un leve descenso en pesos del costo de los insumos fitosanitarios, en torno al 5 a 10%. Lo cierto es que la actividad inmobiliaria rural, respecto del mismo período del año pasado (noviembre), "creció un 64 por ciento, y marca un acumulado del 13,6 por ciento en los últimos seis meses". Javier Christensen, secretario de la Comisión Directiva de la Cámara y responsable del índice indicó que "el negocio financiero de las Lebacs, con el dólar quieto, aún perjudica las inversiones inmobiliarias y productivas". Respecto del flujo de divisas proveniente del blanqueo de capitales, consideró que "el mismo aún no ha impactado totalmente en la actividad inmobiliaria rural". Por último, en CAIR se afirma que la reactivación está condicionada a "la evolución de las expectativas futuras en materia política y económica".

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