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Cambios en el sistema para denunciar a jueces y fiscales ante el jury
En el inicio del segundo semestre legislativo, la Cámara de Diputados agendó para la sesión de mañana un proyecto de ley que impulsa la modificación de dos artículos de la ley que regula el procedimiento para juzgar a jueces inferiores, fiscales, defensores y asesores de incapaces, a través del jurado de enjuiciamiento.
Los artículos que se pretenden revisar son el 10 y el 12 de la ley 7.138, de la sección Acusación, del Procedimiento de Remoción.
El autor de esta iniciativa, el diputado del PJ Lucas Godoy, fundamenta que "se busca eliminar el requisito del patrocinio letrado para denunciar a jueces inferiores y funcionarios del Ministerio Público".
El legislador puntualiza que con estas modificaciones "se tiende a garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos que consideren que un funcionario judicial ha incurrido en alguna conducta que constituya causal de suspensión o destitución".
Considera que "la exigencia de letrado patrocinante puede resultar un obstáculo infranqueable para los denunciantes", y de ahí su propuesta para modificar la ley.
El proyecto ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara Baja provincial.
A trabajar
A los diputados se les terminaron las vacaciones de invierno, hoy volverán a trabajar en las comisiones y mañana subirán al recinto.
En el acta parlamentaria figura una iniciativa para crear oficinas de violencia familiar y de género en los distritos judiciales de la provincia.
Este proyecto de ley fue enviada a la Legislatura por la Corte de Justicia, en el marco de las facultades de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución Provincial al máximo tribunal de Justicia.

Jueces debatirán el miércoles con los diputados

Miembros de la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta asistirán este miércoles a la Legislatura para exponer ante los diputados las observaciones que esta entidad formula contra la propuesta que impulsa la creación por ley de una policía paralela armada con dependencia funcional del Ministerio Público Fiscal. Para los magistrados, la nueva fuerza de seguridad armada sería inconstitucional, "extraña al Estado de derecho y peligrosa para la salud del sistema republicano". El proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo, ya cuenta con media sanción del Senado provincial.

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Sección Editorial

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