Nadie está a salvo de la prisión. Esa afirmación está presente en nosotros, forma parte del trasfondo de las certidumbres cotidianas. Pero no podemos estar todos encarcelados al mismo tiempo, lo que nos devuelve la calma de una libertad que debe justificar cómo se establece la división entre nosotros y los presos. Las estadísticas públicas sobre nuestro sistema penitenciario, brindadas por el Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia, permiten reconocer en gran medida cómo se traza ese límite.
Un primer vistazo sobre la población carcelaria muestra que la gran mayoría solo cuenta con educación primaria y han cometido delitos contra la propiedad.
Pero ello no es suficiente para saber cuáles son los costos de la libertad que nuestras sociedades ofrecen. Basta con sumar el dato de la superpoblación en las prisiones para preguntarnos si es necesario construir más cárceles o el problema consiste en que demasiadas personas están presas. ¿Cuáles son los índices de aprisionamiento que nuestras sociedades están dispuestas a admitir?
La aritmética punitiva ha conducido siempre a la reflexión sobre cómo se calcula la justicia de las penas, mucho antes de que las sociedades modernas escogieran encerrar, y no matar, a quienes delinquen. Pero la justicia es onerosa, y la seguridad que deseamos en el seno de las sociedades del riesgo, tiene cada vez más en su base el cálculo de costos y probabilidades.
¿Cuáles son los costos que estamos dispuestos a asumir en la regulación de los delitos? Esta es una pregunta que parece dirigirse principalmente al campo de las políticas públicas impulsadas por los Estados. Las críticas neoliberales a los Estados fuertes se asientan en la acusación de que resultan costosos e ineficaces, mientras que el mercado encontraría formas siempre nuevas y certeras de resolver los problemas de la vida en común.
Las estadísticas no revelan las condiciones de la vida carcelaria, y no podrán tampoco romper el silencio sobre el que se tejen los motines, se encubren las vejaciones y se registran los suicidios. Mientras no abramos un debate público y amplio sobre estas y otras cuestiones, nuestras cárceles seguirán siendo parte de lo intolerable.

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