Carlos Fayt, el exjuez de la Suprema Corte fallecido esta semana, se convirtió quizá sin quererlo pero como consecuencia de la firmeza de sus principios, en un emblema de la lucha por la independencia de la Justicia.
En sus casi 99 años de vida, este jurista e intelectual salteño cobró enorme proyección por su compromiso con la Justicia, tanto en la dimensión social del término como en el sentido jurídico; esa actitud no fue más que la expresión de la única militancia que se permitió, la defensa de los derechos esenciales del hombre.
Su nombre cobró especial relieve en los últimos dos años de los 32 que ejerció como juez del máximo tribunal nacional debido la obsesión del gobierno anterior por desplazarlo para poner en su lugar a un abogado que le respondiera. En esa controversia, la figura de Fayt cobró brillo público, acrecentado por el contraste con sus detractores, todos ellos representantes notables de una dirigencia que entiende el poder público como propiedad personal y que trata de extenderlo al máximo.
Fayt, como el historiador inglés Eric Hobsbawm o el antropólogo francés Claude Levy Strauss, son ejemplos de una vitalidad intelectual de excepción. Su permanencia en la Corte no se debió a ninguna maniobra para forzar la ley, sino a que en 1983, cuando asumiera, el cargo era vitalicio. Recién en 1994, la reforma constitucional impuso el límite de los 75 años; no obstante, en el orden republicano, ninguna ley puede ser aplicada en forma retroactiva.
Este jurista nacido en Salta capital, socialista, autor de 35 libros de Derecho y de Ciencias Políticas, fue candidato a gobernador de la provincia en 1958, pero su primer cargo público fue el que le ofreció Raúl Alfonsín en 1983. Ese día, al aceptar la nominación, Fayt le pidió al presidente que borrara su teléfono de la agenda, como un indicio de que la independencia de la Justicia era el valor que le daba sentido al cargo. Veinte años antes, Fayt había rechazado un ofrecimiento similar de Arturo Illia porque no aceptó la condición de ampliar el número de miembros de la Corte.
Uno de los problemas que nuestra democracia aún no ha podido resolver es la cultura hiperpresidencialista, dominante en las tradiciones argentinas, donde se da por sobreentendido que los jueces y los legisladores deben subordinarse plenamente al Poder Ejecutivo.
No se trata solamente de la complicidad que se pretende lograr de los jueces muchas veces con éxito frente a los hechos de corrupción. Controlar la Justicia supone, además, acrecentar el poder del gobierno y avanzar sobre los derechos de los seres humanos. Una Justicia sometida no investiga crímenes ni tragedias que puedan implicar directa o indirectamente a los gobernantes.
Los jueces y fiscales encolumnados con un gobierno, sea por temor, por militancia ideológica o por sobornos, no cumplirán la función esencial de poner límites a la arbitrariedad o a la violación de derechos elementales. Esa magistratura disciplinada se presta a funcionar como instrumento para la extorsión, los negocios espurios y la persecución política, tal como ha ocurrido con todos los gobiernos autocráticos que ha padecido la Argentina.
Las circunstancias convirtieron a Carlos Fayt en un símbolo de esta contradicción de nuestra república. Su experiencia demostró que la fortaleza de un juez reside en una sólida formación jurídica y en el vigor que aporta la conducta intachable de quien nada tiene que esconder.
Por esas razones todos los intentos por desplazarlo terminaron en otros tantos fracasos.
Su muerte, como antes su vida, son una buena ocasión para reflexionar sobre la ética y el poder. La república no es un capricho, sino la forma racional de acotar las atribuciones de los monarcas. Los dictadores recuperan el poder absoluto violentando las instituciones; los líderes populistas de cualquier signo buscan lo mismo forzando la interpretación de la ley y adulterando la voluntad ciudadana expresada en el voto.
Carlos Fayt con lucidez política y vocación patriótica, se opuso a esos atropellos con la fuerza de su respeto incondicional por la ley y la democracia.

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Sección Editorial

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miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 8 días

Ésta es la "firmeza de sus principios de un juez de la democracia", "el emblema de la lucha por la independencia de la justicia", "su compromiso con la justicia", "tanto en la dimensión social del término como en el sentido jurídico", "la única militancia que se permitió, la defensa de los derechos esenciales del hombre", "un juez de una sólida formación jurídica", "un símbolo de la república", otras facetas de una realidad concreta e irrefutables. Entre otros jueces, en rigor mediante delitos dolosos, entre otros, el de prevaricato, éste ex juez “constitucional” rubricó este ilegal, deshonesto e impune fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que desprovistos de todo pudor, expresa manipulación del derecho, en una desaprensiva actuación del Tribunal demostrada primero en la injustificada dilación del debido proceso, el 25/11/08, dos semanas después de su considerado “fallo histórico” de “doctrina constitucional” de 11/11/08. En un absurdo procedimiento, declinando sus facultades previstas expresa y exclusivamente en la Constitución Nacional (art. 116º y 117º), a sabiendas de forma gravísima y grosera, de nulidad absoluta e insanable, después de expresar su competencia en una primera instancia, y después de 8 años; se declara incompetente en el mismo Expte. Nº A-386/01 de 31/05/2.001, referido a la petición del cumplimiento de la Recomendación del Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la O.I.T. en el Caso Nº 1.867 de 18/06/98 (Miguel Rojo) a la fecha plenamente vigente (según el propio organismo internacional), y esencialmente sobre sus propios actos. Transgrediendo expresamente el principio de la Doctrina de los Propios Actos. Resolviendo el 27/05/2009 trasladar el caso al Juzgado Federal Sala IV Contencioso Administrativo y posteriormente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV, invocando sin pudor alguno la inexistente Ley N° 13998 art. 45° inc a) como empleo público, una simulación fraudulenta, al margen del procedimiento constitucional, que en la petición del Recurso Extraordinario terminó en la caducidad del reclamo el 05/02/2013, y que nada tiene que ver con el objeto del Cumplimiento de la Recomendación del Organismo Internacional del Trabajo que forma parte del derecho constitucional argentino. Despótica, vergonzosa vejación y denegación de justicia. Miguel Hugo Rojo DNI N° 10.856.490

juan chila
juan chila · Hace 8 días

lo unico de malo que tuvo es que deberia haberle aflojado un tono a la tintura y saberse retirar a tiempo y no que practicamente lo corran jaaa


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