La jueza interina en lo Civil y Comercial de Tartagal, Claudia Yance, se constituyó ayer en Dragones para recibir declaración testimonial de testigos en el marco de la acción colectiva contra Juan José y Daniel Karlen, a quienes les exigen que paguen 171 millones de pesos como compensación por los desmontes que realizaron en la finca Cuchuy, de su propiedad. La causa, impulsada por la fiscal Griselda Nieto, contempla que la finca de once mil hectáreas sea clausurada por veinte años. Hoy se realizará la última audiencia. Se espera que la jueza dilucide la interpretación de la Ley de Bosques, ya que, según ese texto, la Nación debió girar los recursos provenientes del Fondo Nacional destinado a pagar a los productores para que inmovilicen los campos. La provincia y la Nación incumplieron. En 2016 deberían girar $ 5.600 millones, aunque el presupuesto solo asigna algo más de 240 millones.

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