Los propietarios de la finca Cuchuy deberían pagar, si la fiscal Griselda Nieto tiene éxito, la friolera de 171.500.000 pesos. La sanción se debe a los desmontes efectuados en el predio de 11 mil hectáreas, que habrían ocasionado ese daño económico. Sin embargo, la iniciativa de la fiscal choca de lleno con la ley 26.331, que creó el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, con partidas anuales equivalentes al 0,3% del Presupuesto nacional y por el 2% de las retenciones a las exportaciones. De ese dinero, unos $5.700 millones por año, las provincias deben asignar el 70% para pagar a los productores que no puedan usar sus tierras. Es el caso de la familia Karlen, que si hubiera cobrado aquella suma millonaria no hubiera desmontado.
La fiscal debió dirigir la acusación a la Provincia por no pagar, y ésta a su vez demandar al Estado nacional, que desde 2010 acumuló cerca de $20.000 millones en este concepto y solo remitió a las provincias 1.300 millones. El hilo siempre se corta por lo más delgado.

¿Qué te pareció esta noticia?

Temas

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora