Dos fiscales pidieron que la Cámara Federal de Salta revoque las libertades de seis acusados de integrar una asociación ilícita, supuestamente liderada por el juez federal de Orán Juan Raúl Reynoso, al considerar que existe riesgo de fuga y probable obstaculización de la investigación.
Además, el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron que se extienda la acusación para el juez Reynoso por otros seis casos de prevaricato, es decir, de dictar resoluciones contrarias al derecho.
Los fiscales presentaron una apelación de las libertades de seis de los procesados junto al juez Reynoso, a quienes se los acusa de formar parte de una organización que cobraba dádivas y coimas a supuestos narcotraficantes a cambio de favorecerlos con resoluciones judiciales.
En el escrito los fiscales señalaron que, al dictar el procesamiento sin prisión preventiva de los acusados -por el momento el juez Reynoso no puede ser detenido porque conserva sus fueros- el juez federal de Salta, Julio Bavio, no tuvo en cuenta los "peligros procesales todavía existentes" como por ejemplo el riesgo de fuga, la posibilidad de obstaculizar la investigación y la protección de los testigos que declararon en la causa.
Por eso, Villalba e Iglesias requirieron a la Cámara Federal de Salta que revoque la resolución del juez en ese punto, dicte la prisión preventiva y ordene la inmediata detención del jefe de despacho del Juzgado Federal de Orán, Miguel Saavedra; del ordenanza Julio Cesar Aparicio, y de los abogados Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona.
Estas seis personas están procesadas por los delitos de asociación ilícita y concusión, es decir el cobro ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho propio.
El juez Reynoso, además, afronta la imputación de dos casos de prevaricato, es decir, de dictar resoluciones contrarias al derecho.
Los acusados fueron involucrados en la investigación el 4 de noviembre pasado y todos ellos, excepto el juez Reynoso, quedaron detenidos, a pedido de los fiscales.
Sin embargo, el juez Bavio liberó a los imputados días después cuando les dictó los procesamientos pero sin prisión preventiva.
En efecto, Villalba e Iglesias pusieron de relieve que los acusados "cuentan con bienes y posibilidades financieras que podrían permitirles profugarse con suma facilidad, pues cuentan con medios materiales para ello, además de que todos se domicilian en zona cercana a la frontera con Bolivia", y recordaron que la abogada Esper "tras una serie de allanamientos realizados en su domicilio permaneció prófuga por varios días".

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juan carlos lopez
juan carlos lopez · Hace 11 meses

Biennnn , tienenque estar todos presos


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