El Tribunal Constitucional español anuló la resolución aprobada hace un mes por el Parlamento de Cataluña para comenzar el proceso para separarse del resto de España.
El Parlamento catalán había aprobado en noviembre una resolución con un plan para establecer una república en 18 meses en la región del noreste del país, altamente industrializada y poblada y que representa alrededor de una quinta parte de la producción económica de España.
El proceso estaba bloqueado desde el 11 de noviembre, a la espera de una decisión del tribunal.
Los líderes catalanes elegidos en los comicios de septiembre prometieron ignorar los fallos del Tribunal Constitucional.
La Asamblea General de la ONU estableció que todos los Estados que conforman la organización deben desistir y abstenerse de cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un informe en el que expone los argumentos por los que el escenario político de una Cataluña independiente es "jurídicamente inviable".
En el documento se asegura que el Derecho Internacional impediría a Cataluña ser reconocida como Estado independiente y que, en caso de una declaración unilateral de secesión, quedaría fuera de todas las organizaciones internacionales a las que pertenece España, incluidas UE, ONU y OTAN.
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