La gran cantidad de presuntos hechos de corrupción protagonizados por exfuncionarios K que salieron a la luz desde diciembre marcan algo inédito en la política argentina. Ya son 16 los exmiembros de la anterior administración que fueron procesados y la lista previsiblemente se ampliará. Entre esos nombres todavía no figura el de José López, el exsecretario de Obras Públicas y revoleador serial de bolsos repletos de dólares a un convento de General Rodríguez.
Pero no solo sorprende el número de kirchneristas con problemas con la Justicia, sino el cambio de marcha en la velocidad de los jueces que los investigaban. A partir del 10 de diciembre varios de estos magistrados pasaron de una parsimonia total a una desesperación por hacer justicia que asombra.
La conclusión no sorprende: muchas de las causas contra miembros de la anterior administración durmieron el sueño de los justos durante la década ganada.
"Tortuga" Casanello
Sebastián Casanello es el juez federal con varias de las causas más relevantes de la política nacional, en su juzgado está la conocida como ruta del dinero K, que tiene en prisión al empresario Lázaro Báez, además de la investigación por los Panamá Papers, en los que se investiga al presidente Mauricio Macri por sus cuentas offshore y la de la Time Warp.
A Casanello se le adjudica el mote de "tortuga", por su lentitud en la investigación de supuesto lavado de dinero de Báez, causa que se originó en abril de 2013 y que recién comenzó a activarse este año, tras la difusión de videos de la financiera La Rosadita, donde se ve al hijo mayor de Báez contando grandes cantidades de dinero.
Ahora, a la luz de otras investigaciones que tomaron estado público, ¿cómo llamarán a jueces que tienen causas paradas desde el 2008, quienes llamaban tortuga a Casanello, por un caso que solo lleva tres años de proceso?
Los bolsos del señor López
El exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, es investigado desde el 2008 por supuesto enriquecimiento ilícito en una causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas, y además tuvo denuncias en varios juzgados por distintos hechos de presunta corrupción.
La investigación no había avanzado demasiado hasta ahora, según lo reconoció el propio fiscal de la causa, Federico Delgado, "el expediente estaba en una meseta, con idas y venidas y muchos planteos" admitió Delgado.
De hecho, más allá de las suspicacias sobre qué generó la desesperación de López por esconder el dinero, fue el hecho fortuito de que lo encontraran en el convento que permitió que esta causa se reactivara.
La cartelización y el poder
López también está implicado, junto a Néstor Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez, entre otros nombres pesados del Olimpo kirchnerista, en una investigación por enriquecimiento ilícito y cartelización de la obra pública que también data del 2008.
La denuncia fue hecha por la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y quedó asentada en el juzgado del juez federal Julián Ercolini.
La investigación tampoco avanzó demasiado en los últimos ocho años, lo que causó que Carrió denunciara en 2014 a Ercolini ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Según la diputada, en seis años nunca ordenó las medidas propuestas por el fiscal Gerardo Pollicita, sino que además ha "desmembrado" la causa, dando lugar a nuevas causas judiciales sin vinculación entre sí, con participación de distintos juzgados de diversas jurisdicciones. "Lo que claramente garantizó impunidad a los imputados".
Actualmente la causa sigue en manos de Ercolini y se unificaría con la investigación del presunto enriquecimiento de López.
La campaña de 2007
En esta causa se investiga el blanqueo de fondos ilícitos, que provenían de estafas con medicamentos y también del narcotráfico, según se presume, introduciéndolos como aportes para la campaña electoral 2007, que llevó a Cristina Kirchner al poder.
La primera denuncia data del 2008 y fue hecha por dos diputados de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui y Fernando Sánchez.
La causa fue tomada en su inicio por el juez federal Norberto Oyarbide y no tuvo demasiados avances hasta febrero de este año, cuando un fallo de la Cámara de Casación, que confirmó la anulación del sobreseimiento del principal imputado, Héctor Capaccioli, le dio nuevos aires a la investigación, ya a cargo del juez Ariel Lijo desde el año 2012.
Hace unos días Lijo procesó a los exfuncionarios kirchneristas Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, esta última viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Sueños compartidos
A seis años de la denuncia que destapó el escándalo que involucró a las Madres de Plaza de Mayo, la causa parecía haber quedado en el olvido, pero también volvió a la vida.
Originalmente también estuvo bajo la órbita de Oyarbide y luego pasó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien pidió, a mediados de junio, la declaración indagatoria de 43 personas involucradas, entre ellos Hebe de Bonafini, los hermanos Schocklender, Julio De Vido y, una vez más, José López.

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Para Carrió, los jueces encubrieron

La diputada cargó contra un amplio sector de la Justicia federal La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, afirmó ayer que la hiperactividad desplegada por la Justicia en los últimos días obre exfuncionarios kirchneristas "habla del encubrimiento agravado de los jueces federales durante los últimos doce años".
"Si hubo denuncias desde hace diez años y nunca hiciste nada, estabas encubriendo", aseguró Carrió, que fue una de las principales denunciante de causas vinculadas a corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La diputada cargó contra un amplio sector de la Justicia al señalar que "en esto están todos los jueces federales, salvo la Sala 2" de la Cámara Penal que ordenaba avanzar en las investigaciones.
La integrante de la alianza Cambiemos consideró que durante los gobiernos kirchneristas hubo un perjuicio al Estado "como mínimo" por "20 mil millones de dólares, que es el 4 por ciento de los subsidios", y graficó que "lo que se está encontrando es una ínfima parte".
Durante el kirchnerismo,"había que hablar con Julio, sobre los retornos, la cantidad, el porcentaje, primero en obra pública, después en energía, o en minería", agregó Carrió y disparó, "si habla De Vido, van a caer todos los empresarios argentinos".

Stolbizer: "La Justicia demoró"

Para la líder de GEN, no hay una persecución ideológica contra CFK. La líder del GEN, la diputada nacional Margarita Stolbizer descartó ayer que haya una persecución ideológica contra Cristina Kirchner, tal como acusó la expresidenta, aunque sí señalo que "hay una persecución judicial, pero demorada".
Stolbizer agregó que durante los gobiernos del Frente para la Victoria hubo "un estado de corrupción muy gran y que contó con la impunidad" aunque no culpó solo a la Justicia por este hecho.
"Los niveles de corrupción que tenemos tenían que ver también con que no había nadie que los estuviera mirando y controlando y no hablo solo de la Justicia: fuimos una sociedad prácticamente anómica, que no quiso mirar, que miraba para otros lado y ahora estamos pagando las consecuencias", lamentó Stolbizer.
Y concluyó: "Por eso es importante que la Justicia se haga cargo y que como sociedad asumamos de qué manera se convalidó esto. En 2011 a Cristina Kirchner la votó el 54 por ciento; pero hace seis meses a (el excandidato del Frente para la Victoria Daniel) Scioli, casi el 50. Reflexionemos sobre las cosas que nos tienen que pasar frente a las narices para que reaccionemos".

La citación a CFK depende del fiscal

Lo aseguró el juez Ercolini, que investiga a Cristina por Hotesur. El juez federal Julián Ercolini resaltó que el pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que se levante el secreto fiscal sobre la expresidenta Cristina Kirchner "está dentro de los canales normales procesales", al tiempo que indicó que una eventual citación de la exmandataria dependerá de él.
"Está hecho el pedido y esta semana se va a resolver. Todos los datos que se aportan a la AFIP son reservados porque hay información sensible", sostuvo el magistrado.
En diálogo con Radio Mitre, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10 se refirió al requerimiento de Pollicita para que se levante el secreto fiscal para acceder a toda la información impositiva reservada de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner; de sus hijos, Máximo y Florencia; y de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En ese sentido, Ercolini explicó que "no se puede acceder así nomás, tiene que haber una causa especial para acceder y en el caso de una causa penal determinada probabilidad de que los datos a los que se accedan sean importantes para la investigación, que es lo que está planteando el fiscal".



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