Carlos Padilla, un ciudadano que en 2009 estuvo detenido cuatro meses con su mujer por cargos de los que fueron sobreseídos en octubre de 2010, terminó multado por el Jurado de Enjuiciamiento, luego de pedir un jury contra dos jueces, un fiscal y un asesor de incapaces de Tartagal que intervinieron en aquella causa.
Los dos abogados que patrocinaron su presentación el pasado 5 de noviembre, el electo diputado radical Humberto Vázquez y Luis Héctor Gorriti, también fueron conminados a pagar la multa de $20.000.
Los letrados interpusieron un recurso de revocatoria "in extremis" contra la decisión que firmaron los jueces Guillermo Posadas y Guillermo Catalano; la fiscal de Estado, Mónica Lionetto; los diputados Pedro Sández y Eduardo Leavy; los senadores Jorge Soto y María Abilés, y los abogados Luis Guillermo López Mirau y Aldo Hugo Juárez.
Los citados miembros del Jurado rechazaron la acusación, por mal desempeño, presentada contra los jueces Fernando Astigueta y Nelso Aramayo, el fiscal Pablo Cabot y el asesor de incapaces Juan José Andreu Emram.
En el recurso de revocatoria, Vázquez y Gorriti remarcaron que "para la aplicación de una multa al demandante, como a sus letrados, se debe haber actuado con malicia y temeridad, en los términos del artículo 45 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, cosa que evidentemente no ocurrió en absoluto".
La decisión, sostuvieron, "evidencia una clara irracionalidad jurídica". Agregaron que "una sanción a la acción de ejercer un derecho, que cualquier ciudadano puede entender legal y legítimo, es manifiestamente inconstitucional, porque se está avanzando sobre la esfera volitiva de un ciudadano, generando una especie de temor reverencial al hecho de denunciar a un Magistrado o Funcionario del Ministerio Público, como si tales funcionarios tuvieran un privilegio en desmedro de los demás ciudadanos, mal llamados comunes, lo que es inadmisible desde el punto de vista que se lo mire".
La causa que originó el pedido de jury se inició en octubre de 2009, cuando en el hospital de Ushuaia (Tierra del Fuego) atendieron a una niña de 7 años supuestamente maltratada y abusada.
Una abogada, Mercedes Calderón, y su esposo, Eduardo Liendo, la habían llevado desde Aguaray con promesas de darle una mejor vida.
Padilla y Zavala fueron acusados como presuntos intermediarios, pero tiempo después se comprobó que la nena había sido entregada por su madre, con autorización de la Policía. Padilla y su mujer fueron sobreseídos en la causa por desaparición de menor el 12 de octubre de 2010.
En febrero de 2011, la Sala 1 de la Cámara de Acusaciones, integrada por los jueces Julio Pancio y Raúl Román, también sobreseyó del supuesto abuso a Padilla, quien sigue afirmando que él y su mujer fueron "víctimas de causas armadas con falsificación de firmas e instrumentos públicos y de malos desempeños de funcionarios policiales y judiciales de Tartagal". Insiste en que a la pareja que llevó a la nena al sur no se la investigó, como tampoco las responsabilidades implicadas en el caso y los atropellos.

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Sección Editorial

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Graciela Cerviño
Graciela Cerviño · Hace 11 meses

No por sobreseer a alguien significa que haya mal desempeño, es lo normal de un proceso penal. Hacete cargo viejo y los buitres de sus abogados. Me parece bien. Hay mucha gente que actua con malicia y despues van al diario a buscar consuelo. Vaya a llorar a la gruta.


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