El acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), que pone punto final a una guerra de 52 años que dejó un luctuoso saldo de 250.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6.500.000 de personas desplazadas de sus hogares, marca un punto de inflexión en toda América Latina.
"Las delegaciones del Gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, la dejación de las armas", señaló en La Habana la jefa de Prensa del Comisionado de Paz para anunciar oficialmente el éxito de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012.
Los dos grandes protagonistas del episodio coincidieron en destacar su trascendencia.
"­Mañana será un gran día! Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. Sí a la paz", escribió Santos en su cuenta en Twitter.
"Estamos en un momento histórico, hoy es "el último día de la guerra, la paz nos engrandece como especie", proclamó en su cuenta oficial la dirección de las FARC.
El acuerdo constituye un acontecimiento histórico.
Implica el cese de la lucha armada por parte de la última de las organizaciones guerrilleras que actuaron en el continente tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y coincide con la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, tardío estertor de la guerra fría en el hemisferio americano.
El estrado de la ceremonia de firma del acuerdo era una postal de época. Junto a Santos estaban el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez (alias "Timochemko"), el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente cubano Raúl Castro y el canciller noruego Borge Brende (en representación de los dos estados garantes) y los mandatarios de Chile, Michele Bachelet, y de Venezuela, Nicolás Maduro, por los países que oficiaron de acompañantes en las negociaciones.
Los delegados de ambas partes pudieron acordar el último de los puntos críticos de la agenda de las negociaciones: el desarme de la guerrilla, que las FARC exigieron definir como una "dejación de armas" y no como una "entrega", y será supervisado por un equipo internacional coordinado por las Naciones Unidas.

Negociación complicada

El acuerdo firmado en La Habana fue el resultado de una complejísima negociación, que se dividió en etapas. En septiembre de 2015, las partes acordaron uno de los puntos más conflictivos: el juzgamiento de los guerrilleros y de los grupos paramilitares por la llamada "justicia transicional", integrada por magistrados colombianos y extranjeros, independiente de la Justicia ordinaria.
Este mecanismo "sui géneris" apunta a sancionar a los responsables de los delitos graves, aunque los culpables de delitos de lesa humanidad recibirán penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes. En cambio, los demás combatientes de las FARC serán amnistiados.
En diciembre de 2015, se selló un acuerdo clave sobre la reparación a las víctimas de la contienda. De entrada, las FARC también habían conseguido una reivindicación que sus líderes consideraban como "cuestión de principios": la cesión de tierras públicas a los campesinos, el acceso al crédito y la instalación de servicios básicos (agua, electricidad y cloacas) en las zonas de conflicto.
Semejante conquista social, que implicó el reconocimiento oficial a su proclamada condición de defensores del campesinado oprimido, era el sustento de la justificación política que necesitaban los guerrilleros para deponer las armas.
Desde su origen en la década del 60, las FARC legitimaron la lucha armada en la defensa de los campesinos pobres y la redistribución de la propiedad de las tierras agrícolas.
Un aspecto central del acuerdo, tan significativo como el abandono de la lucha armada, es que las FARC no desaparecerán como organización sino que se integrarán como partido político al sistema democrático.
En una primera etapa, los 7.000 exguerrilleros se concentrarán en veintidós "zonas de transición temporal" desde donde se organizará su reinserción en la sociedad, una tarea difícil si se tiene en cuenta que la mayoría de esos excombatientes desconoce el mundo laboral, puesto que pasó la mayor parte de su vida con las armas en la mano.

Historia con final abierto

Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.
Antes de entrar en vigencia, el acuerdo tendrá que ser ratificado por una consulta popular y la opinión pública está profundamente dividida. Si bien la paz es un objetivo compartido por todos, las FARC han generado un fuerte sentimiento de repudio en la mayoría de la población colombiana y hay una enorme resistencia a admitir las concesiones judiciales pactadas con los guerrilleros.
El expresidente Álvaro Uribe, antecesor de Santos, cuya imagen positiva aparece en las encuestas muy por encima de su sucesor, encabeza una encendida cruzada contra el acuerdo, activamente respaldada por los familiares de las víctimas de la guerrilla. Por otra parte, algunos analistas escépticos recuerdan que en 1984 se arribó a un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno conservador de Belisario Betancur, que también supuso el regreso de la organización guerrillera a la vida institucional, con la denominación de Unión Patriótica, pero fue frustrado por atentados y provocaciones de ambas partes y sólo duró hasta 1987.
Sin embargo, Centroamérica ofrece algunas experiencias aleccionadoras sobre el éxito de procesos de negociación que terminaron con sangrientas guerras civiles y culminaron con la incorporación de los grupos insurgentes a la vida política.
El caso emblemático es El Salvador, donde los guerrilleros del Frente De Liberación Nacional Farabundo Martí ingresaron en el sistema institucional con los acuerdo de paz de 1992 y, transformados en una fuerza política democrática, gobiernan el país desde 2009.
Colombia presenta una extraña peculiaridad. Fue el escenario de la guerra civil más sangrienta de la historia de América del Sur y, al mismo tiempo, tiene uno de los sistemas políticos más sólidos de la región. Desde 1958, en plena contienda armada, se han sucedido ininterrumpidamente quince gobiernos constitucionales. Desde 2002, fecha de la asunción de Uribe, el país también aceleró su crecimiento económico.
Si todo esto lo logró en medio de la guerra, la pregunta es adónde podrá llegar con la paz.

¿Qué te pareció esta noticia?

Aparecen

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora