El gobernador Juan Manuel Urtubey inaugurará hoy a las 11.30 el 118 período ordinario de sesiones del Poder Legislativo provincial. En el recinto del Palacio Legislativo (Mitre 555) brindará un informe de su gestión y definirá las metas a conseguir durante su noveno año de mandato.
Las circunstancias políticas nacionales impondrán a la ceremonia de hoy un perfil distinto de las anteriores. El comienzo del año legislativo exigirá definiciones sobre temas vinculados a la relación de Salta con el nuevo gobierno nacional. Más allá de las buenas relaciones entabladas hasta ahora, no resulta claro cómo se traducirá la gestión del presidente Mauricio Macri en la consolidación de las políticas de inclusión que Salta necesita en forma perentoria.
Tampoco se sabe con certeza qué medidas concretas se adoptarán para incorporar a Salta al proyecto agroalimentario de Macri, en el que necesariamente la provincia debe tener un rol central.
Si el proyecto es sólido y la adhesión de los salteños, auténtica, nada puede seguir como hasta ahora. La incorporación de los cuatro millones de hectáreas del marginado y degradado chaco semiárido es "condición sine qua non" para el éxito del plan Belgrano.
El lunes, en La Candelaria, ante unos cincuenta intendentes, el responsable del plan, José Cano, dejó en claro que el programa está condicionado al acuerdo con los holdouts como llave para abrir la puerta de la inversión, y que no se trata de un reparto de ayudas sino del desarrollo de un programa de obras de infraestructura de servicios de agua, rutas y transporte, además de un plan de viviendas y de asistencia a los núcleos de pobreza más críticos.
El punto neurálgico
Los jefes comunales son los más elocuentes relatores de la vulnerabilidad del interior de la provincia. Luego de la traumática intervención a Coronel Moldes, son muchos los municipios que sufren la amenaza del colapso financiero.
La paralización de las actividades rural e hidrocarburífera se refleja en desempleo. Los municipios se han visto obligados a convertirse en cajas de empleo, con sueldos exiguos, pero que según los intendentes agotan sus presupuestos. El censo 2010 informa que en Salta viven 102.000 empleados públicos, de los cuales 67.000 se desempeñaban en la administración provincial y 21.000 en los municipios. Según la consultora Noanomics, en Salta se incrementó el empleo público desde 2003 en un 84%, pero solamente en 2015 el crecimiento fue del 9%.
El fenómeno es nacional, pero el punto neurálgico de la crisis social en el NOA y el NEA está en los municipios. Para diputados y senadores, esta cuestión es prioritaria. Así lo reconocieron en ambas cámaras durante el ilustrativo debate para la intervención de Moldes.
Allí se planteó, en primer lugar, el incremento del empleo -sumamente precarizado- en las plantas transitorias y de personal municipal contratado como producto de la recesión. Por eso quedó en agenda la reforma de la ley de coparticipación provincial, recibida con poco o nulo entusiasmo por el Poder Ejecutivo, pero reclamada por todos los intendentes, y la sanción -más inofensiva- de la ley de municipalidades, que reemplace a la actual sancionada en los años 30.

Salud y calidad educativa

Los núcleos más duros de pobreza están en San Martín, Orán y Rivadavia. Allí, también, los índices más graves de desnutrición.
Pero los intendentes plantean cambios en la estructura sanitaria de todos los departamentos.
En primer lugar, reclaman que vuelva a funcionar el servicio de agentes sanitarios, históricamente, el instrumento más eficiente para garantizar la vacunación total y controlar la desnutrición y la mortalidad materna e infantil.
El otro punto es el control del valor nutricional de los bolsones alimentarios que se distribuyen entre los sectores más castigados pero, al parecer, no aportan una dieta adecuada. Además, los intendentes proponen la institucionalización de hospitales regionales, calificados, equipados y financiados como tales, en los municipios cabecera de los departamentos.
El otro tema crucial es la calidad educativa. Salta -según datos de 2014- aplica el 25,1% de su gasto público a Educación, contra el 21,8% de la CABA, y 21% de sus ingresos corrientes contra 23,4% porteño. Aquí se gasta $8.911,9 por alumno del sector estatal frente a $23.487,7 de Capital Federal. Pero las pruebas de rendimiento no condicen con el esfuerzo.

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