"Para que tu hermano salga en libertad hay que pagarle al Tío". Lejos de ser un hecho aislado, la exigencia de dinero a cambio de mejoras en la situación procesal de imputados en delitos vinculados al narcotráfico constituía una práctica habitual en el funcionamiento del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán. Así, lo entendió la justicia federal de Salta, que esta semana procesó con prisión preventiva a su titular, Raúl Juan Reynoso el "Tío"- al considerarlo jefe de un aparato de poder enquistado en el mismo juzgado con el objetivo de obtener beneficios patrimoniales a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones favorables a los imputados. "Los bienes y la libertad de las personas quedaron a merced del magistrado quien seleccionaba los asuntos en función de la magnitud económica que evidenciaban para, tras cartón, establecer el monto en dinero u otra dádiva que era requerida para emitir la resolución favorable", señaló el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio al dictar el procesamiento de su colega de Orán.
La asociación ilícita
Con competencia sobre un extenso territorio que incluye 700 kilómetros de frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, por el juzgado federal de Orán tramitan un importante volumen de causas vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes, contrabando de esa sustancia, de divisas, trata de personas y demás ilícitos de competencia federal. Desde el momento en que fue instaurado, Reynoso organizó el funcionamiento del Tribunal con personas de su extrema confianza, como son los casos del jefe de despacho Miguel Saavedra, considerado como la "mano derecha" del juez ya que tenía a su cargo las causas más importantes incluso en desmedro de los secretarios; y el ordenanza Julio Cesar Aparicio, quien se ocupaba de la recepción de las dádivas (vehículos e inmuebles) obtenidas por la organización.
La estructura delictiva se completaba con abogados fuertemente relacionados a Reynoso: Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona, este último cuñado del juez, quienes oficiaban de intermediarios entre los imputados y el magistrado. Es decir, eran los encargados, puertas afuera del tribunal, de difundir el monto exigido y la modalidad de pago. Para ello, los letrados involucrados mantenían contacto en forma directa con el juez, ingresaban a su despacho que era el lugar en donde se concretaban las reuniones y, en algunos casos, también la entrega material del dinero. "Un abogado de la matrícula me dijo que se sabía que la oficina recaudadora del juez era el estudio de Eladio Gaona", testimonió
El relato coincidente de otros testigos asegura que a las peticiones llevadas por esos letrados se les imprimía una celeridad visiblemente mayor a la del resto. Paralelamente, ese grupo de abogados conformaba una especie de barrera por la cual no podían ingresar otros letrados, y que llevaba a que litigar en ese juzgado de Orán se tornara sumamente difícil para quienes no pertenecían a ese selecto grupo cercano a Reynoso.
En este sentido, la resolución del juez Bavio menciona la situación que debió atravesar una de las testigos, cuyo hermano de profesión ingeniero agrónomo- fue detenido luego que una inspección de la AFIP en la empresa donde prestaba funciones detectara la presunta comisión de delito de trata de personas. En medio de esa situación, un abogado quien fue llamado a indagatoria recientemente- se acercó para averiguar sobre el trámite de esa causa, diciéndole "este tipo de cosas se resuelven pagando".
Sobreseimiento a cambio de una finca
El 12 de septiembre de 2013, la policía de la provincia de Santiago del Estero detuvo en un puesto de control a Héctor Segundo, quien transportaba 369 kilogramos de cocaína en la camioneta que conducía. José Farfán participaba del traslado del cargamento en otro vehículo que cumplía funciones de "barrido y seguridad" y también fue detenido algunos días después. Con una condena por homicidio y antecedentes penales vinculados a maniobras para eludir la acción de la justicia, la situación de Farfán se presentaba a simple vista sumamente comprometida. Pese a ello, apenas unos días después, su abogado defensor René Gómez logró que a pedido de Reynoso- la justicia de Santiago del Estero se inhiba de actuar.
Luego, en enero de 2014, el magistrado le otorgó la eximición de prisión, sin antes constatar los numerosos procesos que mantenía abiertos Farfán y pese al dictamen negativo emitido por el fiscal federal de Orán. De manera insólita, el juez solicitó los antecedentes penales y las planillas prontuariales casi nueves meses después de otorgarle la eximición de prisión. Los testimonios obrantes en la causa, entre ellos el brindado por la ex pareja de Gómez, dan cuenta de la relación que existía entre el abogado y Farfán y los pagos que habitualmente realizaba este último dirigidos a Reynoso en pos de obtener beneficios procesales.
En otra ocasión, el mismo Gómez obtuvo el sobreseimiento para su defendido Pablo Vera, quien se encontraba imputado por el transporte de 966 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El fallo favorable coincide temporalmente con la entrega de una finca de 700 hectáreas que pertenecía al detenido. El inmueble en cuestión, denominado "Finca El Mollinedo", fue transferido luego a Rosalía Candelaria Aparicio, quien no casualmente es la hermana de César Julio Aparicio, quien trabaja como ordenanza en el juzgado de Orán.
Con matices, los nueve hechos que tuvo en cuenta el juez Bavio para dictar el procesamiento con prisión preventiva de Reynoso repiten ese mecanismo: en un principio un concurso delictual con una escala penal alta con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara el soborno y, una vez recibido el pago, modificar la calificación legal o dictar la falta de mérito sobre algunos ilícitos de tal forma de permitir su excarcelación.
Cuadro tarifario
Para la justicia federal de Salta, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal permiten establecer que Reynoso variaba el monto de la exigencia económica en base a la magnitud de la organización criminal investigada. Así las cosas, habría una tarifa "estándar" de 500.000 pesos, cifra que le fue exigida a los imputados Bruno Maximiliano Mazzone, Sebastián Meneses e Iván Cabezas. De igual modo, ese monto equivale a los 300.000 pesos y una camioneta Amarok exigida a Marcelino Valdez Cari para lograr su libertad.
Distinto fue el caso del transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, actualmente con pedido de extradición al ser procesado como responsable del delito de contrabando de estupefacientes y precursores químicos, doblemente agravado por el uso de documentación ideológicamente falsa y por la cantidad de personas que intervinieron.
Imputado por el Ministerio Público por ingresar a país casi una tonelada de cocaína a través de una organización de tráfico internacional que utilizaba camiones cisternas de las empresas del conglomerado empresarial de transporte que controlaba, el empresario había sido detenido en abril pasado por Reynoso quien, pese a contar con las pruebas aportadas por la Procunar, tras recibirle declaración indagatoria, dispuso su libertad provisoria. Para ello, lo procesó como partícipe secundario en relación al delito de tentativa de contrabando de estupefacientes por la cocaína diluida detectada que fue hallada en uno de sus vehículos, omitiendo valorar la responsabilidad por el contrabando del precursor químico, el cual había sido entregado prematuramente por ese mismo magistrado a pedido del imputado, cuando todavía no contaba con el resultado de la pericia química que determinó la presencia de tolueno.
Para forzar tal situación procesal Reynoso le habría exigido a Rosales por intermedio del abogado Ramón Antonio Valor- la suma de 350.000 dólares. En tanto, como se indicó, al imputado Pablo Vera se le exigió la entrega de una finca de 700 hectáreas en el límite con Bolivia, mientras que en otro caso "el máximo monto abonado" alcanzó los 100.000 pesos.
Pruebas
Uno de los aspectos centrales de la tarea desarrollada en forma conjunta por el fiscal del Distrito Salta Eduardo Villalba y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, se centró en destacar las incongruencias existentes entre los descargos efectuados por cada uno de los imputados durante las indagatorias y la información recolectada en materia de entrecruzamiento de llamados, testimonios de empleados del juzgado, documentación secuestrada durante los allanamientos uno de los cuales tuvo lugar en el propio juzgado- e investigación patrimonial.
Así, por ejemplo, durante su declaración indagatoria Reynoso indicó que no tenía por costumbre reunirse con abogados en su despacho y, más aún, respecto a René Gómez afirmó que "no solía hablar con él por teléfono y sí a lo sumo dos o tres veces o quizás cuatro hablé, era sólo para coordinar para algún encuentro para jugar tenis, nada más que eso". Frente a esa afirmación, el entrecruzamiento de llamados aportado por los fiscales da cuenta de 188 comunicaciones entre Reynoso y René Gómez durante los últimos dos años y diez meses. Incluso, se detectaron comunicaciones entre ambos en los mismos días en que se materializaba la transferencia de bienes que hoy forman parte del conjunto de dádivas bajo análisis.
En tal sentido, se registraron comunicaciones el 20 de febrero de 2013, es decir, el mismo día en que Pablo Raúl Vera imputado por tráfico de estupefacientes- transfirió la "Finca El Mollinedo" a quien por entonces era la pareja de René Gómez. También, hay contactos entre ambos durante la primera semana de julio de 2014, época en que la mencionada transfirió el establecimiento a Rosalía Candelaria Aparicio, hermana de Cesar Aparicio, quien -como se indicó- se desempeñaba como ordenanza del juzgado de Reynoso. "La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con Gómez más de cuatro veces- y las constataciones efectivamente constatadas en autos más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas-, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión", señalaron los fiscales respecto a una de las pruebas claves que tuvo en cuenta la justicia federal de Salta a la hora de dictar los procesamientos.
Otro de los aspectos relevantes surge de los testimonios coincidentes de empleados del juzgado donde se destaca el trato habitual que dispensaba Reynoso al grupo de abogados que intermediaba para exigir las coimas y/o dádivas. "No se hacía nada en el Juzgado sin que el Dr. Reynoso lo sepa y lo ordene, y en caso contrario, los funcionarios éramos objeto de algún cuestionamiento por no avisarle o por decidir por motus propio", coincidieron, y señalaron que el magistrado les aclaraba que " él era el juez", y que les decía: "cuando ustedes sean jueces tomarán las decisiones°".
Sigue juzgando
A pesar de la delicada situación procesal en que se encuentra, Reynoso sigue al frente del Juzgado Federal de Orán. El juez federal de Salta Julio Bavio dictó su procesamiento con prisión preventiva y le trabó un embargo de 15 millones de pesos, al considerarlo jefe de la asociación ilícita, concusión en nueve hechos- y prevaricato en dos hechos-, si bien su detención no puede materializarse aún en función de los fueros que le otorga la ley por su condición de magistrado. De este modo, será potestad del Consejo de la Magistratura decidir si lo suspende en sus funciones y le inicia el juicio político. En tanto, el resto de los imputados fue procesado sin prisión preventiva, con embargos que oscilan entre 200 mil y 4 millones de pesos.

FUENTE: Fiscales.gob

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Reality Noso
Reality Noso · Hace 11 meses

Che... Reynaldo Arzamendia quedó en evidencia que es Reynoso o uno de sus fieles alcahuetes. No sean patéticos. Esta claro que intenta difamar a todos los que lo denuncian. Si fuera un hombre limpio solo se defendería de las acusaciones en vez de estar embarrando a todos. Típico de un tipo sucio...

Reynaldo Arzamendia
Reynaldo Arzamendia · Hace 11 meses

Toda esta causa está armada seleccionando cuidadosamente una decena de expediente de los MILES de expedientes que se han instruido en el juzgado de Orán. Como decimos en Salta, “le armaron la cama” unos fiscales que hace tiempo apetecen ese puesto para desprestigiarlo y alejarlo del cargo. Como el narcotráfico es un tema muy sensible para la sociedad, buscaron comentarios de nada menos que narcos que habían sido procesados por Reynoso para poder acusarlo. Un buzón más grande que una casa que nos están queriendo vender a los salteños. Pero la verdad pronto saldrá a la luz y la trama de unos pocos advenedizos se caerá como un castillo de naipes.

muhando jose antonio
muhando jose antonio · Hace 11 meses

hasta q no se expida la Justicia no se q pensar de esta noticia q se publica, me duele, confiaba en este Juez, creía en el, y como gendarme q he trabajado en Salta, he puesto junto a muchos camaradas el esfuerzo de brindar un servicio a la comunidad, hacerlo con profesionalismo, pero fundamentalmente con honestidad. es triste, estamos hablando de un juez federal, necesitamos confiar en los mismos como la ultima garantía de justicia, nuestra mas firme esperanza, de lo contrario ¿q nos queda? pienso y me torturo con esto, lo conozco, lo apreciaba, no se q decir, encima busco en esta misma justicia federal a través de un amparo en el Juzgado Federal 2, la reparación a tanto daño q he padecido de manos de un Estado Nacional q me negó derechos, atropello mi libertad, como gendarme estoy escéptico con la Justicia, mas q nunca necesitamos una Justicia independiente, con jueces valientes, imparciales, comprometidos con la verdad, decididos a sostener con sus fallos un estado de derecho que nos permita creer en las Instituciones, q hagan crecer la Democracia y protejan los derechos humanos de los ciudadanos.

Alicia  Yañez
Alicia Yañez · Hace 11 meses

Hay que investigar también las muertes ocurridas en Orán a manos del narcotráfico y que quedaron impunes o no avanzan.Tienen que quitarle TODO lo que tienen de patrimonio proveniente del narcotráfico e inhibirlos para que no puedan ejercer JAMÁS la profesión.

ALBERT LUIS
ALBERT LUIS · Hace 11 meses

LA INHIBICION TOTAL Y EMBARGO DE SUS BIENES A TODOS LOS IMPLICADOS Y FAMILIARES......TODOS LOS BIENES PROVIENN DE PLATA SUCIA.....TODOS CONFORT DE LAS FAMILIAS ,,,,,,,,,,,,SON DEL DINERO SUCIO .....NARCO....NARCOS......ES LA UNICA EXPLICACION ELL NIVEL DE VIDA DE ESTA GENTE


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