Dino Salas es el reconocido cacique de la comunidad wichi de San Ignacio de Loyola, a unos 15 kilómetros de Hickmann, sobre la ruta nacional 81, en el departamento San Martín. El fallo histórico de la Corte Suprema que frenó los desmontes en cuatro departamentos de la provincia de Salta, entre 2009 y diciembre de 2011, lleva su nombre. Pero en 2014, Dino dio un cambio radical en sus políticas para manejar su comunidad, basado en los pobres resultados que obtuvo su gente en los últimos 30 años.
El cacique que frenó los desmontes optó por pedir autorizaciones para desmontar 300 hectáreas de las tierras de su comunidad, que son muy valoradas para el trabajo agrícola-
ganadero y que sobrepasan las 1.000 hectáreas. Además, mediante un convenio con la empresa vecina a la comunidad, trabajaban la tierra para obtener alimentos básicos, siempre acompañados por una asistente social y nutricionista. También generaron trabajo con una fábrica de ladrillos y otra de confección de ropa. Pero el progreso que tanto anhelaba la comunidad wichi se vio súbitamente interrumpido por la polémica detención del cacique, que está preso hace tres semanas, por una denuncia anónima en su contra que lo acusa de trata de personas.
“Le pedimos al abogado del IPPIS que se meta en el tema para ver cómo se puede ayudar. Creemos que hay un problema interno de la comunidad”.
“El lunes vamos a tener más información. Vamos a tratar de ayudar aportando a la Justicia sobre cuáles son las costumbres de las comunidades”. Enrique Rojo, secretario de Asuntos Indígenas
Dino Salas fue detenido en un impresionante operativo en la finca vecina a la comunidad el jueves 26 de diciembre, hace más de tres semanas. Según testigos, participaron varios vehículos, más de 30 personas y hasta un helicóptero. Está preso en el escuadrón 20 de Gendarmería en Orán. Uno de los representantes legales del cacique wichi que declaró en la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó: "Desde la declaración indagatoria corren 10 días para resolver su situación procesal. Es importante remarcar que habiéndose producido la declaración indagatoria está detenido hace tres semanas sin que todavía se haya resuelto su situación procesal. El Renatea toma una denuncia anónima que nunca corroboró. Es un mamarracho jurídico detener a alguien por chismes. Si Dino Salas esclaviza a la gente, ¿en dónde están los esclavizados?".
En 3 actas de la comunidad, certificada por juez de Paz, los pobladores originarios manifiestan su disgusto y piden la liberación de su cacique, al sostener que se trata de una denuncia "mentirosa". El Tribuno pudo acceder a los documentos, fechados este 17 de diciembre y que ya fueron dirigidos al nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, al Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y a la Justicia federal de Orán, a cargo del procesado juez Raúl Reynoso. El vocal y representante de la etnia wichi en el IPPIS, Indalecio Calermo, ya estuvo en la comunidad y viajó a Salta para conseguir la inmediata liberación del cacique. "Está preso por una mentira", dijo Calermo a El Tribuno.
"Desde la comunidad San Ignacio de Loyola repudiamos el procedimiento de la detención del cacique Dino Salas, de nuestra comunidad. Nos dirigimos a usted para que sepan de la disconformidad de nuestra comunidad... El cacique Dino Salas es inocente y nos sentimos discriminados por la forma de actuar del juzgado del señor Reynoso", dice el acta comunitaria dirigida a la Justicia, donde afirman que no fueron consultados.
El acta habla de "atropello" y agravios a la cultura indígena y le pide al Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, organismo prácticamente desintegrado por un fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado) que deje de mentir y hablar por la comunidad originaria.
En el expediente al que tuvo acceso El Tribuno, la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería que "investigó" el caso a pedido del fiscal federal de Orán, menciona que Dino Salas no sería cacique: "Tal persona se hace conocer en muchos lugares como cacique". El acta de la comunidad donde vive Dino Salas dice lo contrario: "El pueblo indígena y las instituciones indígenas reconocen al señor Salas como cacique". El cacique general de la etnia wichi en Salta también confirmó a este medio que Salas es cacique.
La denuncia de Renatea, firmada por la delegada salteña Nora del Valle Giménez, da por cierto y de forma muy polémica que Dino Salas, al que reconoce como "representante de la comunidad", hizo un supuesto pacto con la finca vecina: "Acordó con la Finca El Carmen... para que la comunidad cediera 300 hectáreas para la producción, a cambio de empleo". La denuncia de la funcionaria no podría ser nunca cierta porque la comunidad de San Ignacio cuenta con título comunitario "inenagenable, intrasmisible e inembargable".

El cacique general
Indalecio Calermo es cacique general y vocal de la etnia wichi del IPPIS. “Dino es cacique oficial del instituto provincial. También se lo reconoce como cacique por todas las comunidades wichi de la provincia. Renatea no es cacique general, no puede garantizar quién es quién en las comunidades. Pedimos la inmediata liberación de Dino Salas porque esto es todo un disparate. Jamás se habían arrimado a la comunidad los de Renatea y como viene una empresa a ayudar, ellos se ponen celosos. Es una pelea de Fundapaz y Asosiana, que tienen celos de la empresa El Carmen, que está ayudando como corresponde y ellos no lo hicieron en 30 años”, terminó.

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Sección Editorial

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· Hace 11 meses

Fundapaz y Asosiana son responsables de este mamarracho, estas dos instituciones solo se ocuparon durante estos últimos 30 años de mantener en la pobreza a los aborígenes y de ocupar tierras ilegalmente, solo para beneficio de sus dirigentes. El trabajo que está realizando la finca “El Carmen” es para felicitar, esto es fácil de corroborar solo yendo al lugar y viendo lo que esta ocurriendo. Fundapaz y Asosiana lo que deben hacer es “desaparecer” y dejar de manipular a los aborígenes a los cuales han utilizando durante más de tres décadas.


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