Hoy ya podemos decir que nuestro país salió definitivamente del default declarado en 2001 al pagar en efectivo a los bonistas que no entraron en los canjes de los años 2005 y 2010 y que hicieron juicios en los Tribunales de New York, los holdouts, conocidos como los "fondos buitres".
Este Gobierno, y especialmente el ministro de Economía Alfonso Prat Gay, hicieron mención a la "eficiente gestión" en la negociación, lo que permitió al Estado ahorrar unos US$ 3.000 millones gracias a dos cuestiones: se eligió vender títulos en el mercado financiero internacional cobrando en efectivo, y con ese dinero se les pagó a los fondos buitres; el haber logrado una quita del 40% promedio de la deuda nominal de los acuerdos sellados y que fueron avalados por el juez Thomas Griesa.
Para obtener el dinero en efectivo destinado a pagarles a los bonistas, nuestro país ofreció cuatro bonos con plazos de pago a 3, 5, 10 y 30 años, los más solicitados fueron los de 10 años, que representó cerca del 40% del total.
Es evidente que el pago en efectivo se transformó en mucho más tentador para los tenedores de bonos en default. La operatoria se diferenció de la anterior gestión ya que las deudas negociadas (Club de París y Repsol YPF) se pagaron en forma directa con títulos que se emitieron para estos fines.
La tasa de interés que tendrá que pagar nuestro país fue una de las grandes protagonistas de esta operatoria, "la más baja de la historia argentina" exageró Prat Gay, refiriéndose a que no solo es el resultado de un proceso técnico habitual en las emisiones de deuda sino a que es un reconocimiento al buen rumbo elegido por el Gobierno.
El promedio que se pagará por los cuatro títulos es menos del 7,2% anual en dólares, y los montos y plazos de los títulos quedaron conformados de la siguiente forma: a 10 años US$ 6.500 millones al 7,5 % anual; a 5 años US$ 4.500 millones al 6,87 % anual; a 3 años US$ 2.750 millones al 6.25 % anual; a 30 años US$ 2.750 millones al 7,62 % anual.

Montos y nacionalidades

La demanda por los títulos ofrecidos excedió en más de cuatro veces lo originalmente previsto, se logró una oferta de compra superior a US$ 68.000 millones con cerca de 220 acuerdos de distintos montos, condiciones y tasas de interés, operatoria considerada como la mayor en la historia. Inversores de los Estados Unidos se comprometieron comprar cerca del 65% del monto ofrecido, los de Europa un 25%, japoneses un 5% y en América Latina el resto.
Ante esta sobre demanda el Gobierno emitirá títulos por US$ 16.500 millones, un 10% más de su necesidad de financiamiento originariamente previsto.
Como resultado de esta operatoria muchos bonos que cotizan en bolsa aumentaron su valor; también aumentó hasta un 3% la tasa de los que aún no fueron emitidos y que conforman el "mercado gris", títulos que se venderán con esta emisión de deuda.
Después del éxito por la demanda de compra para un país emergente en el mercado financiero internacional, el Gobierno especula con que las tasas de interés serán inferiores en los próximos empréstitos y así se ofrecerá la oportunidad para que las provincias y las empresas privadas también puedan endeudarse y financiar las crisis por las que atraviesan. Esas fueron las razones por las que Prat Gay no quiso contraer mayores empréstitos. Se estima que los holdouts cobraron en efectivo US$ 9.300 millones, pero lo que aún no se sabe cómo se va a utilizar el excedente del empréstito contraído; se desliza, sin confirmación ni precisiones, que sería utilizado para obras de infraestructura.
Hoy nuestra población está en una situación muy comprometida, en una sociedad dividida, con más de una tercera parte pobre o indigente y con porcentajes de desocupación alarmantes, y con riesgo cierto de mayores pérdidas de empleo no solo en la administración pública sino también en la actividad privada. Los indicadores son más que elocuentes. Es necesario dar a conocer un plan antinflacionario que incentive la producción y el empleo, especialmente de las Pequeñas y Medianas Empresas, que son las generadoras más activas de nuevas fuentes de trabajo.
Ante esta realidad social, el Gobierno ya instrumentó la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la eliminación del IVA a la canasta básica y se apresta a anunciar, entre otros temas, el aumento del salario mínimo vital y móvil; además, promete la implementación de un programa llamado PPP que según lo anunciado servirá para canalizar capitales privados y públicos para la construcción de obras de infraestructura.
Las medidas económicas implementadas hasta ahora tuvieron mayor impacto en sectores concentrados, en una sociedad que ya no cree en las ilusiones del "derrame"; es imperioso generar confianza con gestos y decisiones que tengan un impacto en el grueso de la sociedad especialmente en sectores más vulnerables. Es decir, que garanticen beneficios para todos.

Lo que viene

Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, la economía argentina está estancada desde 2011 con una profunda recesión que retrae el consumo interno y amenaza la estabilidad del empleo.
El equipo económico cree que con el acceso al crédito externo de las empresas empezará en el mediano plazo un proceso inversor y exportador que generará empleos de calidad, que deberá ir acompañado de una recomposición en los márgenes de ganancias empresariales por reducción de impuestos y/o devaluación, con reglas de juego claras. Por ahora lo que se vio fue un aumento de la inflación y eso complota con dichos objetivos. Al haber salido del default lo que se espera ahora es que el Gobierno se concentre en la economía real, aplicando medidas como poner en práctica políticas antiinflacionarias, de incentivos al consumo interno y activar la construcción desde lo privado y público que por su efecto multiplicador es un gran generador de mano de obra.

El desafío

Sabemos que en el gobierno anterior no se generaron las inversiones necesarias para que nuestra economía crezca, además de establecer precios ficticios generando un bienestar que no fue sostenible en el tiempo porque no fue sustentable y que ahora al sincerarlos genera los desequilibrios que estamos padeciendo.
También tenemos que tener en claro que no es la primera vez que el mercado financiero internacional nos da una nueva oportunidad, esta vez con el antecedente que la práctica de la gestión anterior no tiene nada que ver con el estilo de la actual.
Sabemos que van a ingresar capitales a nuestro país ya sea por la venta de deuda pública, repatriación de capitales, inversiones extranjeras directas o blanqueo de capitales, pero también debemos exigir que sean destinados a financiar inversiones y no a gastos corrientes. Si no les damos estos fines al ingreso de capitales y se destinan a financiar gastos corrientes, seguro sería mejor seguir financiándolos con emisión monetaria, practica usada por la anterior gestión, pero que genera una inflación que podría ser desbordante.
La relación capital-trabajo también deberá ser modificada, somos un país con mano de obra cara y para competir en el mundo necesitamos encuadrarnos en un modelo que sea accesible, ya sea con costos de mano de obra barata, con una oferta de capital a bajo costo o con una gran competitividad para compensar los altos costos internos generando valor agregado a nuestra producción primaria y que la cotización del dólar acompañe los aumentos de precios internos ocasionados por la inflación. Quizá la mezcla de estas variables nos de la oportunidad de poder exportar nuestra producción a precios competitivos.
También es necesario pasar de un Estado que potencie una buena relación público - privada orientada a la inversión en infraestructura, imprescindible para seguir creciendo; además, evitar que las estructuras estatales se vean obligadas a absorber la desocupación, el drama que hoy condiciona a nuestros municipios porque no lo hace, generando empleo, la actividad privada, y que, además, el Estado deje de ser un mal pagador, generador de corrupción en la obra pública.
El rol del Gobierno debe ser moderno, eficiente e inclusivo.
El sector privado deberá pasar de un esquema de poca productividad, acostumbrado a pedir subsidios y dádivas a funcionarios de turno en un mundo cerrado a un esquema de alta productividad, con los desafíos de un mundo globalizado y dispuesto a satisfacer la demanda de sus clientes y no los caprichos del gobierno. Obviamente se necesitará la interacción de los dos sectores para logra una Argentina prospera, pujante, e inclusiva.
Solo resta tomar conciencia que salimos de un Estado donde fue poco significativo la incidencia de deuda externa respecto al PBI a un estado de apertura del crédito internacional y no pensar que con esta opción solucionaremos todos nuestros problemas económicos y sociales.

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Sección Editorial

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