Mientras anoche los diputados aprobaban con fuerza de ley la reforma al Código Contravencional, fuera los familiares de víctimas de crímenes impunes y otras organizaciones sociales se manifestaban en su contra dado que penaliza a quien "impida u obstaculice la circulación de vehículos".
"El ejercicio de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente", como dice el texto, cuya inspiración atribuyen al "espíritu autoritario y fascistoide del actual gobierno".
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Esto significa que una manifestación en la vía pública deberá ser anunciada con anticipación al órgano competente que, se supone, es el ministerio de Seguridad. De lo contrario, la sanción puede llegar hasta veinte días de arresto o multa.
El Partido Obrero fue el único que se opuso y sostuvo que el cambio se da cuando llega un gobierno nuevo que aplicará medidas de ajuste que llevarán a los trabajadores a querer manifestarse públicamente.
El mismo artículo que penaliza la obstrucción a la vía pública sin previo aviso también suma la penalización al trabajo de los "trapitos" y tenía ya de antes las sanciones para quienes venden en la calle sin autorización o se instalan en espacios como atrios de templos, plazas o paseos públicos.
La reforma
Otro punto relevante de la reforma del Código es el que da espacio al juez de Garantías para que actúe y que la Policía pase a ser auxiliar de la Justicia.

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Sección Editorial

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